El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este viernes, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, instar a la Junta para que a su vez inste al Gobierno de España a que «respete el principio constitucional de autonomía financiera de las comunidades autónomas», así como ha llamado a que «se evite» por parte del Ejecutivo central de Pedro Sánchez «la anunciada armonización fiscal» que supondría «de nuevo la implantación» de tributos cedidos o «una nueva subida de impuestos a los ciudadanos».
Así lo ha acordado la Cámara andaluza en el marco de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido este viernes en el Pleno el Grupo Popular, y que ha salido adelante con los únicos apoyos del PP-A, la abstención de Vox y el rechazo de los grupos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
En concreto, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno de la Junta para que, a su vez, inste al Gobierno de España «a que respete el principio constitucional de autonomía financiera de las comunidades autónomas, y en consecuencia a que asuma las bases de la organización territorial española en lo que se refiere en particular a la capacidad de las comunidades autónomas para decidir libremente sus ingresos y gastos en el marco de sus competencias».
De igual modo, el Parlamento andaluz ha acordado instar al Gobierno de la Junta para que a su vez inste al Ejecutivo central a que «respete la vigente legislación autonómica en materia de tributos cedidos, en especial la referida al impuesto de sucesiones y donaciones, al impuesto de patrimonio, así como la del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas, y se evite así que lleve a cabo la anunciada armonización fiscal que supone en la práctica de nuevo la implantación de los mismos o una nueva subida de impuestos a los ciudadanos».
En defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto del Grupo Popular Pablo Venzal ha llamado a los parlamentarios a «cerrar filas en torno a la arquitectura y la autonomía» fiscal andaluza, y ha subrayado que el propio Estatuto de Autonomía incluye el impuesto del Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones entre los «tributos cedidos» a la comunidad autónoma.
Ha remarcado que el Tribunal Constitucional ha considerado que la autonomía financiera es un «instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política de las comunidades autónomas», y ha defendido que «las competencias normativas sobre cuantificación de tributos cedidos son una manifestación de la autonomía de las comunidades autónomas que tiene como correlato constitucional la imposición al Estado central de un deber de tolerar un margen político para que estas puedan regular los recursos financieros para el ejercicio de sus competencias».
Tras remarcar que «está pendiente de aprobarse definitivamente un nuevo modelo de financiación autonómica», y que el existente supone para Andalucía «una infrafinanciación por parte del Estado con respecto a la media que perciben anualmente las comunidades autónomas», el representante del Grupo Popular ha aseverado que «Andalucía no reclama más ingresos», sino «lo que en justicia les corresponde con respecto a la media».
Psoe-a y por andalucía alertan contra el "dumping fiscal"
En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha comenzado dando «credibilidad cero» al PP-A en esta materia de defensa de la autonomía, y ha acusado a los 'populares' de seguir una «estrategia Mortadelo» consistente en «disfrazarse de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder a cualquier precio».
El diputado socialista ha evocado en su intervención el artículo 1 de la Constitución, «el que define España como un Estado social de derecho» que «asume la obligación de garantizar los servicios públicos esenciales que hacen posible la igualdad de oportunidades de los ciudadanos», y frente a ello ha denunciado que las medidas fiscales que está impulsando Juanma Moreno promueven un «dumping fiscal» para «adquirir notoriedad política en una pelea» interna en su partido porque, ante lo que pueda pasar «después» de las elecciones con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP-A «quiere posicionarse» frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha sostenido Mario Jiménez.
La diputada de Vox Cristina Jiménez ha lamentado que «en materia fiscal y financiera se manifiesta en toda su crudeza la división territorial en comunidades autónomas» que cuestiona su grupo, porque «nacer, vivir o morir marca la diferencia si se vive en una comunidad de primera, segunda o tercera regional».
De igual modo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez «busca el hachazo fiscal siempre y la subida de impuestos», pero ha sostenido que el Ejecutivo andaluz del PP-A «no utiliza la autonomía financiera» de la comunidad «para bajar realmente los impuestos a los andaluces», y en esa línea ha llamado a la Junta a «eliminar los tributos propios» y aplicar una «bajada real» del IRPF, así como, entre otras medidas, a «revertir» la tendencia de aumento de altos cargos, porque «los cargos de libre designación están llenando las páginas del BOJA día a día», según ha criticado.
En representación del grupo Por Andalucía, su portavoz, Inmaculada Nieto, ha evocado el dictamen sobre el modelo de financiación autonómica que elaboró el Parlamento andaluz en 2018 con un «consenso muy rotundo» en un grupo de trabajo, y donde, según ha subrayado, se concluyó que Andalucía está «infrafinanciada» con el modelo vigente y «merece y necesita cambios que acaben con esa injusticia», pero también que el nuevo modelo que se implante «nunca favorezca el 'dumping fiscal'» como el que, según ha criticado la diputada, está promoviendo la Junta con su política de rebaja de impuestos. En esa línea, ha rechazado el supuesto de que el Gobierno central «modifique sus políticas en materia fiscal según lo que haga» el presidente Juanma Moreno.
Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha replicado al PP-A que en la Constitución a la que invoca dicho grupo también figura el principio de «progresividad fiscal», y se defiende que los impuestos deben servir para cubrir los servicios públicos con suficiencia, por lo que bajar o suprimir tributos contribuye a «mermar» la prestación de esos servicios y «socavar» recursos para ello, y la «política económica» del PP basada en «bajadas fiscales a las grandes fortunas» genera «desigualdad». Además, ha justificado el rechazo de su grupo a esta PNL porque «apelar a la soberanía fiscal para dilapidarla» después «es una falacia».
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