Ahora, la normativa y sus enmiendas irán el mes que viene a votación en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. No obstante, los grupos de la izquierda ya han advertido de la posibilidad de tomar acciones legales para evitar el avance de la Ley Ómnibus. De hecho, el portavoz socialista, Juan Lobato, ya ha avanzado que acudirán al Tribunal Constitucional, ante el «bloqueo» constante del PP en la Mesa.
En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado este «atropello» y cree que están cometiendo «una tropelía infame» al permitir que se eliminen los impactos de género urbanísticos.
«Todo apunta a que esta pueda ser una de esas monedas de cambio y la mala noticia por mucho que lo hagan lo que necesitamos hacer no es retroceder en derechos, sino avanzar. Es una muestra más de esa creencia que tiene el Gobierno regional de asumir que es todopoderoso como para vulnerar el reglamento de la Cámara», ha espetado.
A continuación, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado que el PP y Vox traten de «colar por la puerta de atrás» enmiendas que no estaban en la misma normativa y abocan a «la inseguridad jurídica» porque el resto de diputados «no han podido participar» en la elaboración de leyes. A su juicio, se trata de un «nuevo asalto» a los derechos del colectivo LGTBI, «un atropello y una sinvergonzonería».
Sin embargo, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, considera que los recursos de la izquierda «no tenían base jurídica» y ha vaticinado que «no habrá posibilidad de recursos» y que la normativa se aprobará «sin ningún problema».
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