La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial ha admitido a trámite la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos contra la alcaldesa de este municipio, Carlota López Esteban, por su «negativa» a reactivar la licencia de obras que permitiría acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada admite a trámite la querella formulada en representación de Silvia Navarro Pablo, presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, y Maria Purificación Lapeña Garrido, familiar de los hermanos Lapeña.
La querella se interpuso antes de que la jueza de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecute el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones.
De este modo, daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.
Al margen de esa resolución, la jueza de instrucción que decidirá sobre la querella entiende que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Con carácter previo, la jueza acuerda librar oficio al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a fin de que en el plazo de diez días se remita dicho expediente administrativo.
Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello «vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas».
La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.
La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, «completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo».
En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se expone que «concurren» todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que «la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes».
En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.
También expone que el propio TSJM se ha pronunciado sobre dicha licencia, denegando la medida cautelar interesada de suspensión de la ejecutividad del acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
«¿Qué ha cambiado desde el 24 de junio de 2021, fecha en la que se otorgó la licencia, al 20 20 de junio de 2022, fecha en la que se levanta la suspensión por el TSJ? La corporación es la misma, la alcaldesa, autoridad y hoy querellada por prevaricación, al negarse a reactivar la licencia de exhumación de las victimas del Valle, es la misma, ¿Qué explicación puede existir para variar, en tan solo un año, una decisión municipal, basada en los informes preceptivos?», recoge la querella.
"una ilegalidad flagrante"
El letrado sostiene que se está ante «una ilegalidad flagrante y clamorosa, tan grosera y evidente que revela por sí misma la injusticia, el abuso y el plus de antijuricidad, que están sufriendo las familias que buscan ver materializado lo que la justicia les ha reconocido».
Subraya que «las víctimas están viendo vulnerado el principio de igualdad del artículo 14 de la CE, conforme al derecho a un debido proceso sin que »pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
De igual modo, afirma que se está vulnerando el artículo 10.2 de la CE, conforme a «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».
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