PP-A pedirá en el Parlamento que Junta negocie con Gobierno para evitar recurso al decreto de precios de la construcción

En la iniciativa, consultada por Europa Press, se insta también a la Junta a que
demande al Ejecutivo nacional que impulse de forma firme, cierta y definitiva las infraestructuras competencia del Estado pendientes en Andalucía.

Otra demanda consiste en que la Junta pida al Gobierno que elabore y apruebe de forma urgente un paquete de medidas fiscales e incentivos empresariales y laborales con carácter específico para el sector de la construcción que, aún de forma temporal, ayude a la recomposición del sector tras las crisis económica sufrida como consecuencia de la pandemia, la paralización de la obra pública y el alza de los precios de la materia prima para equilibrar las pérdidas económicas y de empleo e impulsar la actividad de la construcción en Andalucía.

Asimismo, se insta a la Junta a que, dentro de los créditos disponibles en el presupuesto del ejercicio 2022 y los futuros Presupuestos de 2023, lleve a cabo la ejecución de las inversiones previstas y en trámite largamente demandadas por la sociedad andaluza en el marco de las competencias de la comunidad, en especial las generadoras de riqueza y empleo.

Según recoge el PP-A en la exposición de motivos de su iniciativa, el Gobierno de España, en lugar de adaptar sus medidas a las planteadas por la Junta que inciden de forma más eficaz en solucionar los problemas del sector, adoptó una política «beligerante contra el decreto andaluz».

Añade que lo que inicialmente se esbozó como una Comisión bilateral para llegar a un acuerdo en la concreción de las medias del decreto, «se ha traducido en la exigencia del Gobierno de España de derogar el decreto andaluz bajo la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional con el grave perjuicio que conllevaría este innecesario conflicto y la incertidumbre en la que mantiene a todo el sector de la construcción en Andalucía».

«Si bien es cierto que el decreto andaluz está en vigor, la amenaza del Ejecutivo nacional a Andalucía está originando una importante ralentización de la obra pública ya que las constructoras, ante el conflicto jurídico planteado, no se atreven a ir a los concursos sin tener la certeza de los cobros y los municipios tampoco lo hacen por no tener seguridad sobre los pagos», según recoge el PP-A en su iniciativa.