El PP propone, de entrada, «retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ningún cambio que suponga la derogación o modificación del delito de sedición tal y como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas que lleva aparejadas en sus diferentes formas de participación».
Idéntico planteamiento a la sedición la PNL del PP reclama sobre el delito de malversación para que continúe «como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas que lleva aparejadas».
Y de fondo reclama la iniciativa parlamentaria del PP «cumplir, acatar y respetar la Constitución española», de la que remarca que «fue aprobada de forma mayoritaria por los españoles» y que en ella «no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», y reivindica el pronunciamiento que recoge el artículo 2 de la Constitución acerca de que ésta descansa sobre «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley el Partido Popular de Andalucía considera que «los representantes políticos del Parlamento de Andalucía deben pronunciarse si apoyan la eliminación o reforma del delito de sedición», una exigencia que parte de la idea de que la derogación de la sedición «es un hecho que viene a debilitar el pacto constitucional de 1978».
La iniciativa de los populares andaluces considera que «ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política», para colegir de estas premisas que «el silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos».
«España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos», prosigue argumentando la PNL del PP-A, que esgrime entonces que «vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios», entre las que sitúa el cese de la secretaria de Estado-directora del Centro Nacional de Inteligencia, o no recurrir ante el Tribunal Constitucional «una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial».
A juicio del PP-A, «el anuncio de la derogación del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última» y reclama que con ese antecedente «es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones» ante el temor de que «no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible para menoscabarla».
«Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su Presidencia», argumenta el PP en su iniciativa.
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