En rueda de prensa tras un Consell Executiu extraordinario, Aragonès, junto a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha remarcado que es necesario hacer que la lengua catalana avance y progrese, y ha subrayado que es una «prioridad» del Govern desde un primer momento.
Aragonès ha reivindicado que abren una «nueva etapa» en materia de política lingüística con el impulso de este centenar de medidas, y ha advertido de que no podían perder más tiempo y que hay acciones que deben llevarse a cabo de forma inmediata.
A su juicio, depende de todos hacer posible que el catalán pueda avanzar y progresar porque «durante demasiado tiempo no se ha prestado atención al estado de la lengua, sobre todo en su uso social», y por ello ve necesario hacer una diagnosis de la situación y fortalecer todas las herramientas que tienen al respecto.
«Estamos comprometidos con la idea de que queremos vivir libremente en catalán. El Govern quiere hacer llegar el catalán a todas partes para vivir con normalidad y para no tener que justificarnos por usar nuestra lengua», ha recalcado.
Más allá del Pacte Nacional per la Llengua, en el que llevan meses trabajando y que está «avanzando a buen ritmo», Aragonès ha pedido a todos los consellers que intensifiquen medidas para favorecer y fortalecer el uso del catalán en el ámbito de sus responsabilidades.
Del centenar de propuestas acordadas en la reunión de este martes, Aragonès ha destacado el plan de impulso del catalán en el ámbito sanitario porque «toda persona tiene derecho a ser atendido en catalán»: en educación, el punto relativo a la formación del profesorado; en el campo asistencial, el plan de fomento del catalán en residencias y centros de día; el que pide reforzar la presencia de la lengua en el mundo audiovisual, y la que reclama una red de autoescuelas en catalán.
También ha advertido de que, como todas las medidas que tienen impacto presupuestario, es mejor que haya un Presupuesto aprobado para que puedan aplicarse con más rapidez, y en caso de que no pueda ser posible, ha precisado que no podrán implementarse de forma completa.
CONSUMO
Otras de las medidas que incluye el documento de 100 medidas es la revisión de los aspectos lingüísticos del Código de Consumo para fomentar la igualdad de real de catalán y castellano y reforzar la obligatoriedad por parte de las empresas de garantizar que están en disposición de atender a sus clientes con cualquiera de las dos lenguas oficiales.
La consellera de Cultura ha explicado que se aprobará «en breve» un decreto de medidas sustitutivas de las sanciones por infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores, que pasa por ofrecer a las empresas la opción de invertir el importe de las multas en formación y concienciación lingüística de su personal y en recursos para garantizar la disponibilidad lingüística.
Garriga ha dicho que el objetivo del Govern de las sanciones por infracción de los derechos lingüísticos no es recaudatorio, y ha remarcado que la Generalitat realiza un millar de actuaciones de oficio anuales.
El documento de 100 medidas también incluye entre otras medidas incrementar el uso del catalán entre las comunidades religiosas, crear un grupo de trabajo entre los departamentos de Exteriores, Educación y Cultura para explicar en el ámbito internacional la situación lingüística del catalán, obligatoriedad del C2 de catalán entre los docentes a partir del curso 2024-2025 y elaborar una encuesta de capacidades, usos y necesidades lingüísticas de los cuerpos operativos de seguridad y emergencias de Interior.
Natàlia Garriga ha explicado que en paralelo la centenar de medidas el Pacte Nacional per la Llengua ha acabado su fase participativa, y ha afirmado que se trabaja en un primer borrador, que espera que pueda estar listo antes de final de año.
ONU
Además, Aragonès ha explicado que este jueves dará una ponencia en la sede de la ONU en Ginebra sobre la situación del catalán «como lengua minorizada por un Estado que dificulta su plena normalización» en el marco del Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías.
A la espera de que el Tribunal Constitucional estudie la posible inconstitucionalidad del decreto del catalán sobre el 25% del castellano, el presidente no ha querido avanzarse a escenarios que no se han producido y se ha mostrado convencido de que la norma se adecua al ordenamiento jurídico.
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