El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, tomar en consideración la proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de modificación de la Ley de Educación de Andalucía, que persigue una bajada de ratios en colegios andaluces.
La ILP, que ha sido defendida ante el Pleno por Carmen Yuste como portavoz de su comisión promotora, contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno del PP-A y no ha seguido adelante pese a contar con los apoyos de los grupos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha abstenido.
Esta Iniciativa Legislativa Popular ha llegado al Pleno del Parlamento tras reunir las más de 40.000 firmas de apoyo requeridas para su tramitación, y sus promotores la han impulsado tras constatar que la Ley de Educación de Andalucía «no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión fundamental que determina en gran medida todos los demás: la relación máxima de alumnado por unidad educativa».
Al respecto, los promotores de esta ILP han remarcado que la comunidad autónoma «tiene competencia para rebajar» esas ratios máximas de profesorado «y adaptarlas a la realidad y las necesidades de nuestro territorio», y han reclamado «voluntad política» y «valentía» a los parlamentarios para aceptar su toma en consideración.
La comisión promotora de la ILP ha sostenido que «si hay una comunidad autónoma donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, que no solamente está entre las comunidades autónomas con más alumnado por unidad escolar y docente, sino con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado».
Además, ha razonado que es «más necesario, si cabe, establecer en la ley de educación andaluza una ratio máxima de alumnado por unidad escolar y docente en lo que se refiere al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales».
Según los promotores de esta iniciativa legislativa, «el descenso de la natalidad en todo el Estado y también en Andalucía hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de las ratios en todos los niveles educativos para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras». «La bajada de las ratios no es un gasto», ha aseverado en esa línea Carmen Yuste.
Por todo ello, esta iniciativa legislativa se propone «mejorar el texto de la Ley de Educación de Andalucía, estableciendo en todos los niveles educativos preuniversitarios unas ratios adecuadas a la realidad actual y a las necesidades del sistema educativo andaluz, incluyendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales».
Posicionamiento contrario del gobierno andaluz
Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se han opuesto a la tramitación de esta iniciativa partiendo de la idea de que «la reducción generalizada de la ratio alumno por aula en todos los niveles educativos debe implementarse, por su efecto en la arquitectura del sistema educativo y su financiación, en el marco de una normativa estatal».
Además, desde el Gobierno andaluz han sostenido que la medida que plantea la ILP «implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo», y el conjunto de medidas recogidas en la misma comportarían «un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el aumento de personal docente y no docente, sin tener en consideración los gastos derivados de las nuevas necesidades de infraestructuras, siempre que fuese posible por la disponibilidad de terrenos y espacios, ni los gastos indirectos por el crecimiento de unidades tanto en centros públicos como concertados».
Posicionamiento de los grupos
En el debate de la iniciativa en el Pleno del Parlamento, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha denunciado que la Junta «renuncia» a sus competencias para bajar la ratio en las aulas y defender la educación pública, mientras que sí hace uso de ellas para «defender a las grandes fortunas» con la bajada de impuestos. Ha señalado que hay que adaptar las ratios a la realidad andaluza y atender con garantías a los niños con necesidades especiales.
«Tienen más recursos que nunca y es un momento idóneo para abordar ese debate», ha indicado Márquez, quien ha agregado que desde que el PP-A gobierna, se han «cerrado 1.500 unidades públicas» en los centros educativos. Ha criticado que el PP-A, en los programas electorales y en sus anuncios sí abogue por bajar la ratio en las aulas, pero cuando llega una iniciativa en tal sentido al Parlamento, dice «que es competencia del Gobierno de España». «Cuando hay que hacer uso de la autonomía para defender la educación pública, se les cae el traje», según ha reprochado a la Junta.
El parlamentario del PP Jorge Saavedra ha defendido, en cambio, que la vocación del Gobierno andaluz es ofrecer «una educación de calidad sin dejar a ningún alumno atrás», así como que «la ratio es razonablemente buena, similar a la de Cataluña y Madrid y a otros países», al tiempo que ha recordado que el PSOE dejó una ratio en Educación Primaria de 21,4, mientras que tras la gestión del PP ha pasado a ser de 20,13, «un punto y una décima menos», hecho que ha atribuido a un incremento de la inversión del 34%, de manera que ha blandido la existencia de 104.000 docentes, «eso no había existido nunca». «Más docentes para menos alumnos», ha apostillado.
La presidenta del Grupo Parlamentario Vox, Blanca Armario, ha defendido la necesidad de la bajada de la ratio en las aulas para «actuar conforme necesitan los españoles, sin la encorsetada propuesta» que, a su juicio, plantea la Iniciativa Legislativa Popular.
La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha comenzado su intervención subrayando que su grupo comparte «las razones y los motivos» expuestos por la comisión promotora, y criticando la «falta de sensibilidad» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por no estar presente en el salón de plenos durante el debate de la ILP. Además, ha aseverado que «no es de recibo que se haya intentado bloquear esta iniciativa incluso antes de llegar al Pleno», con la negativa de la Mesa del Parlamento a la prórroga de dos meses que sus promotores solicitaron para la recogida de firmas exigidas para su debate.
Por último, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que habría que permitir la toma en consideración de esta iniciativa ante todo por una «cuestión de calidad democrática» y de «respeto a quienes han conseguido traer 52.000 firmas» al Parlamento recogidas «en cuatro meses» a favor de una medida «claramente beneficiosa» para la ciudadanía y la educación pública, según ha subrayado antes de afear también la ausencia durante el debate del presidente de la Junta, de quien ha denunciado que «no es usuario de la educación pública» y no le interesa.
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