La resolución, consultada por Europa Press, señala que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias que el pleno de Carboneras aprobó hace casi tres lustros y que el Tribunal Supremo (TS) invalidó en 2018 por estar el paraje protegido medioambientalmente, es un «acto municipal».
Al tiempo, el órgano, que da respuesta a una solicitud de dictamen realizada por la Consejería de Fomento, remarca que la intervención de la administración autonómica se limitó en este caso a la emisión de un «informe no vinculante».
Añade el Consejo Consultivo que, de acuerdo al decreto que lo regula, el procedimiento de adaptación de los planteamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es «con toda claridad competencia municipal» y «relega» la intervención de la administración autonómica a un «órgano de composición plural» como es la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
«No existe actuación autonómica de la que pudiera derivarse el daño alegado y la actividad administrativa en cuestión no es imputable a esta administración, de modo que no puede apreciarse el requisito imprescindible de la imputabilidad», subraya el dictamen preceptivo que avala que la consejería desestime la reclamación patrimonial efectuada por Azata Patrimonio SL.
El informe no vinculante que emitió la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, al que hace referencia el Consejo Consultivo en su dictamen de 7 de diciembre de 2022, rectificaba en algunos puntos lo que finalmente el ayuntamiento carbonero llevó a pleno para su aprobación aunque finalmente fue favorable.
El Ayuntamiento de Carboneras aún no ha ejecutado esa sentencia firme desde 2018 que anula parcialmente el PGOU de 2009 y el sector ST-1 o Algarrobico, como también el ST-2 o Canillar con 528 viviendas estimadas, siguen en vigor pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido en varias ocasiones desde julio de 2022 al consistorio para que cambie la calificación del suelo a no urbanizable de especial protección y ha apercibido con multas semanales de 250 euros al alcalde, José Luis Amérigo.
Azata Patrimonio SL reclama en el alto tribunal andaluz esa misma cantidad de 28,8 millones de euros para la «reparación integral» de los daños y perjuicios «patrimoniales, morales, y personales» causados por lo que tilda de actuación «ilógica, irrazonable y arbitraria» de Junta y de ayuntamiento «alterando» el planeamiento urbanístico que daba sustento legal a la urbanización y edificación «con descoordinación y carencia de rigor exigibles».
Recientemente, en el marco de este procedimiento contencioso-administrativo, el TSJA ha acordado designar un perito judicial para que emita informe sobre el valor que tenían las fincas del Algarrobico en marzo de 2006, cuando la Junta de Andalucía inició el expediente para ejercer el derecho de retracto sobre ellas por su valor ambiental siendo urbanizables y contando con un Plan Parcial aprobado.
El objetivo es cuantificar la merma económica que habría soportado la empresa por no poder desarrollar urbanísticamente el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel y determinar si esta pérdida de aprovechamiento urbanístico, sumado al coste del proyecto de urbanización ya ejecutado parcialmente, deriva de un mal funcionamiento de la administración.
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