Multan a una compañía eléctrica con 69.000 euros por la electrocución de un buitre leonado en la provincia de Valencia

Así se desprende de la resolución facilitada por la entidad conservacionista Adensva (Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia). En el dictamen no se ha tenido en cuenta la alegación que proponía la organización de obligar a adecuar la totalidad de la línea eléctrica.

La entidad ha informado en un comunicado que se trata de la única sanción por electrocución de fauna impuesta a la empresa en toda la Comunitat Valenciana en los últimos nueve años.

Según Adensva, «llama poderosamente la atención que la Generalitat Valenciana tenga registradas más de 2.500 electrocuciones de fauna en estos nueve años, habiendo tenido lugar la gran mayoría en instalaciones de Iberdrola y, sin embargo, sea esta la única sanción impuesta por ello a la eléctrica».

A su entender, la explicación radica en que se han repetido varias electrocuciones y desde la Conselleria de Agricultura se aplica una Resolución de 15 de octubre de 2010 que sólo considera sancionable la reincidencia de electrocuciones en el mismo poste eléctrico. Por ello, la Administración nunca impone sanciones por las primeras electrocuciones en ninguno de los 130.000 apoyos de líneas eléctricas de distribución de esta autonomía.

«Esta forma de actuar por parte de la Conselleria de Agricultura deja prácticamente sin efecto tanto la Ley de Responsabilidad Medioambiental como la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ofreciendo la falsa apariencia de que los titulares de líneas eléctricas gozan de licencia para matar un animal en cada poste eléctrico sin que ello conlleve consecuencias sancionadoras», ha lamentado la entidad.

En este sentido, Adensva ha remitido un escrito a la Generalitat Valenciana solicitando que la Resolución autonómica de 2010 sea declarada ilegal por entender que representa un menor nivel de penalidad que las leyes y, por lo tanto, estaría vulnerando el principio de jerarquía normativa.

Adensva ha resaltado también la «importancia» de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sentencia 1215/2021) que señala directamente a la Administración competente en Industria como la responsable de supervisar la obligación de que las líneas eléctricas sean seguras para la fauna. Para ello, «es fundamental que durante las inspecciones de líneas eléctricas que se deben realizar cada tres años, se hagan constar las deficiencias al respecto que puedan existir y se aplique el régimen sancionador en materia de seguridad industrial y del sector eléctrico», han dicho.

Por último, la entidad ha insistido en la «necesidad» de un mayor número de sanciones ejemplares como ésta para que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas.