El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha avisado este miércoles que la Generalitat acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si no se modifica en su trámite parlamentario el proyecto de ley de servicios sociales que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros porque, a su juicio, se produce una «invasión competencial».
En su intervención y en el turno de preguntas en el Fòrum Social Pere Tarrés, Campuzano ha subrayado que se trata de una «LOAPA de los servicios sociales», y ha remarcado que el proyecto supone una recentralización de competencias que contempla el Estatut y sobre las que ningún Gobierno central había legislado con anterioridad.
El Consejo de Ministros aprobó el martes, en primera lectura, la primera ley de servicios sociales de la democracia, que establecerá unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español, y que la Generalitat ve como «una recentralización en toda regla».
Carles Campuzano ha subrayado que el Govern será «beligerante» en defensa de su modelo de servicios sociales y del Estatut, y ha remarcado que si en su tramitación en el Congreso de los Diputados no se modifica la llevará al TC.
Ha considerado que se trata de una ley «innecesaria» y que puede limitar a la hora de encarar políticas innovadoras, y ha pedido al Estado regular menos y aportar más recursos.
"infrafinanciación" del estado
Sobre las políticas que gestiona su departamento, ha subrayado entre las claves la revisión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC), reclamar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y solucionar la infrafinanciación del Estado en servicios sociales.
Campuzano ha instado a resolver esta infrafinanciación, como en la atención a la dependencia, y ha afirmado que España tiene un estado del bienestar que «no invierte» en infancia y familia.
El conseller de Derechos Sociales ha abogado por una administración «más robusta y ágil» que se adapte al siglo XXI, y en este sentido ha anunciado que en primavera presentará el plan de transformación digital del departamento, en el que prevé una inversión de 30 millones de euros.
Carles Campuzano ha instado al Parlament a tirar adelante la ley del tercer sector sin «entretenerse más allá de lo necesario», y ha abogado por establecer una nuevo modelo en la relación entre gobierno, entidades y municipios a través de la concertación de servicios.
Otro de los aspectos que quiere abordar Campuzano son las listas de espera en la dependencia, y ha dicho que en agosto de 2021 la lista de espera de valoración de dependencia y resolución del Programa individual de atención (PIA) era de 613 días y se ha reducido a 295 días, con la voluntad este año de acortar el plazo hasta los 180 días.
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