El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, raliza declaraciones tras la toma de posesión de la fiscal provincial de Bizkaia, Ana María Sola | H.BILBAO-EUROPA PRESS

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El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado para la próxima semana el decreto que fijará un criterio único de aplicación en las revisiones de las condenas por malversación, atendiendo a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que reduce las penas cuando no exista ánimo de lucro, porque «hay determinadas conductas que siempre han de ser castigadas», como también la de desórdenes públicos.

García Ortiz ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras participar en el acto de toma de posesión de la decana Ana María Sola Ibarra como nueva Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Bizkaia en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en Bilbao.

El máximo representante del Ministerio público ha señalado que siempre que hay una modificación del Código Penal «se abre un periodo de reflexión sobre qué va a ocurrir con las causas que han sido penadas con arreglo anterior CP, qué va a pasar con aquellas que van a ser enjuiciadas y cuál va a ser postura de la Fiscalía».

«La Fiscalía es una en todo el territorio, tenemos que tener un criterio unificado y los tiempos son un poco acelerados, lo que nos hace reaccionar mediante un instrumento, como el decreto del Fiscal General, unificando esos criterios sobre los nuevos tipos de la malversación», ha añadido.

Aclarar la postura de fiscalía

En este sentido, ha dicho que espera que, a principios de la próxima semana, se puede tener ya un texto para «ofrecer a todos los fiscales ese instrumento de unificación que va a aclarar, al menos la postura de la Fiscalía en este caso».

Álvaro García Ortiz desconoce si podrá haber 'rebajas' de condenas por este delito y, en todo caso, ha apuntado que a la Fiscalía no le gusta este término porque, en la práctica, «se acomodan los tipos penales a los nuevos hechos» y se ve «si encajan o no».

El Fiscal General ha asegurado que su vocación es que «no haya espacios de impunidad», en este caso, en cuanto a los delitos de malversación y los desórdenes públicos, aunque haya reformas y estas tengan un contenido. «Nosotros interpretaremos la norma, entendiendo hay determinadas conductas que siempre han de ser castigadas», ha concluido.