Más de 1.000 menores migrantes quedaron a disposición de los servicios de protección de la Junta de Andalucía durante el pasado año 2022, de los que casi el 42 por ciento fueron, además, objeto de la tutela legal de la Administración autonómica.
Así se desprende de la información ofrecida por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en respuesta escrita a una pregunta que, sobre esta cuestión, registró el pasado mes de octubre en el Parlamento andaluz la entonces diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Teresa Rodríguez junto a su compañera de formación Maribel Mora.
En concreto, las diputadas de Adelante Andalucía preguntaban al Gobierno andaluz en su iniciativa, consultada por Europa Press, «cuántos menores no acompañados MENA han sido puestos a disposición de los servicios de protección de menores durante los años 2021 y 2022 hasta la fecha de presentación de esta pregunta», así como «cuántos han sido objeto de tutela legal, guardia o custodia por la Junta de Andalucía», desglosando la información «por años, edad, nacionalidad y sexo».
En su respuesta, firmada por la consejera Loles López con fecha del pasado 19 de diciembre, la titular de Inclusión Social detalla que, en el año 2021, los servicios de protección de menores de la Junta recibieron el ingreso de 1.274 en total, de los que 1.186 eran niños y las restantes 88 eran niñas. Entre todos ellos, precisa que el número de menores migrantes no acompañados ascendió a 641 ese año.
En el pasado ejercicio, de 2022, el número de ingresos en los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía hasta la fecha de actualización de datos ofrecidos por la consejera se cifró en 1.044, de los que 953 correspondían a niños y 91 a niñas. Asimismo, la respuesta de la Junta precisa que el número de menores migrantes no acompañados que recibió tutela de la Administración autonómica ascendió a 436.
Por tramos de edad, más de la mitad de los menores que ingresaron en los servicios de protección de la Junta --un total de 555, el 53%-- tenía 17 años, mientras que 228 (22%) tenían 16 años, 105 (10%) tenía 15 años, y los restantes 156 eran menores de esa última edad.
La mayoría de los 1.044 menores que ingresaron en los servicios de protección de la Junta en el pasado año 2022 --un total de 718, el 69%-- era de nacionalidad marroquí, mientras que de Argelia procedían otros 118 --el 11%--, y de Gambia eran originarios otros 46, el cuatro por ciento del total.
De esta manera, los países de África concentran la mayoría de nacionalidades de estos menores, mientras que, entre otros continentes, destaca Ucrania, país afectado en 2022 por la guerra derivada de la invasión de Rusia, del que procedían 32 de los referidos 1.044 menores.
Permisos de residencia
Por otro lado, Teresa Rodríguez y Maribel Mora también preguntaron por escrito a la Junta a través del Parlamento el pasado mes de octubre por el número de menores migrantes no acompañados --de los que habían pasado por los servicios de protección de la Junta y habían sido objeto de tutela legal, guardia o custodia por parte de la Administración autonómica-- no habían llegado a tener permiso de residencia y por qué motivos entre los años 2021 y 2022, desglosados los datos también por género y nacionalidades.
En su respuesta, fechada también el pasado 19 de diciembre, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aclara que, entre los 1.274 menores que ingresaron en los servicios de protección de la Junta, 447 carecieron de permiso de residencia, el 35 por ciento del total.
En 2022 fueron 445 los menores sin permiso de residencia entre los 1.044 que pasaron por los servicios de protección de la Junta, es decir, el 42,6 por ciento del total.
Loles López explica en su respuesta que «los motivos por los cuales esas personas menores de edad migrantes no disponen del permiso de residencia se circunscriben a que no poseen la documentación preceptiva para el inicio de la tramitación de los procedimientos administrativos que otorgan el permiso de residencia legal en España».
La consejera añade que «estas personas menores tienen muchas dificultades para tener esa documentación preceptiva, y ello por diversas causas tales como retrasos para la determinación de su identidad, para la determinación de su edad, problemas en su familia de origen, dificultades en sus embajadas para proporcionar la documentación que se requiere, retrasos en la gestión que tiene lugar en la Administración General del Estado, que es la Administración competente en materia de extranjería», según zanja la titular andaluza de Inclusión Social.
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