La Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche (Alicante) llevó el pasado miércoles al Parlamento Europeo un texto que denuncia que en la localidad ilicitana estas mujeres ejercen su trabajo en sus casas, en talleres clandestinos o en fábricas, invisibilizadas, maltratadas por la industria y víctimas de la economía sumergida.
Al respecto, Miguel Ángel Cerdá, secretario general de CCOO de Industria en las comarcas del sur, ha reclamado reforzar la Inspección de Trabajo para evitar que las malas condiciones de las aparadoras y de trabajadores de otros sectores. «El problema que tenemos aquí es que la Inspección es muy corta, le faltan efectivos por un tubo», ha enfatizado en declaraciones a Europa Press.
Igualmente, ha recomendado a las trabajadoras que denuncien sus condiciones laborales a la Inspección en el caso de que no se cumplan los convenios establecidos. «Esto se tiene que acabar de una vez por todas. Que las aparadoras, si trabajan en casa, que tengan el contrato como establece el convenio, el contrato a domicilio. Cuando no pase eso, hay que denunciar», ha defendido.
Cerdá se ha posicionado a favor de las reclamaciones de las aparadoras, pero ha considerado «muy complicado, por no decir imposible» que se les reconozcan los años que han trabajado en la Seguridad Social. «Eso hoy en día, con la legislación que hay, es imposible. Si no hay una sentencia de un juez o un acta de un inspector, ¿cómo se le va a reconocer tiempo atrás? Tendría que haber un cambio legislativo para eso», ha recalcado.
En la misma línea, Ismael Senent, secretario general de UGT Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, también ha reclamado al Gobierno central «más recursos humanos y económicos» para Inspección de Trabajo, para así poder «regularizar situaciones que no son acordes a la legislación laboral».
Igualmente, ha considerado que es «difícil» que a las aparadoras se les reconozcan los años trabajados y ha abogado por «cambiar el modelo productivo» y acabar con la economía sumergida. No obstante, ha destacado que «cualquier informe que se exija para desgranar los problemas de un sector laboral es bienvenido».
Además, ha abogado por «erradicar el trabajo a domicilio» en sectores en los que se trabaja con productos tóxicos. «Tiene que haber un entorno de trabajo con normas de seguridad y salud para las personas, vigilando la Ley de prevención de riesgos laborales», ha enfatizado.
Talleres clandestinos y problemas de salud
En cuanto a la denuncia que la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado llevó al Parlamento Europeo, la comisión parlamentaria de Peticiones acordó por mayoría mantener abierto el expediente y el Parlamento Europeo pidió a Les Corts Valencianes el informe sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado de Elche, para que la comisiones de Empleo y Derechos de la Mujer puedan examinar en detalle la denuncia de talleres clandestinos que ha realizado la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado.
Las denunciantes afirman, además, que un alto porcentaje de ellas sufre problemas de salud como dolores musculares o trastornos psicológicos, según recoge un estudio de la Universidad de Alicante, por lo que solicitan que se combata la precariedad y se mejoren sus condiciones laborales y sociales.
Bruselas ha asegurado haber examinado la situación y ha advertido de que su resolución compete a las autoridades nacionales, ya que atañe a la normativa española y no a la legislación europea, aunque ha señalado que, de acuerdo a su evaluación, se aplican las normas mínimas, también a la industria del calzado.
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