El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una proposición de ley impulsada por Junts que permite que los ayuntamientos puedan iniciar procesos de desahucio de viviendas ocupadas en las que haya problemas de «alteración de la convivencia» y que sean propiedad de grandes tenedores --propietarios de más de 10 viviendas, ya sean personas físicas o jurídicas-- que no se hayan hecho cargo de iniciar acciones judiciales para el desalojo de las mismas.
En la votación posterior al debate, esta nueva norma, que ha sido tramitada de urgencia por lectura única, ha contado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y Cs, el voto en contra de CUP y comuns, y la abstención de Vox y PP.
Además, el texto incluye enmiendas de ERC que recogen que en caso de que se produzca un desahucio como consecuencia de este proceso iniciado por los ayuntamientos --aunque también podrían hacerlo otras entidades públicas como la Generalitat-- los consistorios podrán «adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años» y deberá destinarlo a políticas públicas de alquiler social.
Este punto de la proposición ha obtenido el apoyo de PSC, ERC y Junts, el voto en contra de CUP, comuns y Vox, y la abstención de Cs y PP, ya que los naranjas no están de acuerdo en que los consistorios puedan expropiar durante siete años viviendas en este tipo de casos.
Fuentes parlamentarias han explicado que el texto inicialmente contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran iniciar por iniciativa propia el procedimientos de desahucio de viviendas ocupadas en las que hubiera problemas de «alteración de la convivencia», pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad.
En concreto, la junta de propietarios podrá «denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio» para que este inicie el proceso de desahucio siempre que previamente haya un expediente acreditativo de que se han producido actuaciones prohibidas que alteran la convivencia y el orden público o que pongan en peligro la seguridad o integridad del inmueble.
Fuentes de Junts han concretado que la norma incluye la manera en que se deben interpretar las alteraciones de convivencia, en base a otros casos que recoge la jurisprudencia y establece los requisitos para considerarlo como tal; además, la proposición de ley contempla que deberán ser los alcaldes quienes inicien el proceso judicial para el desahucio.
Por su parte, fuentes republicanas han explicado que no compartían la forma urgente en que se ha tramitado esta proposición, pero han trabajado a través de las enmiendas para «reducir las interpretaciones arbitrarias a la hora de aplicarla y evitar vulneraciones de derechos», para que la norma no fuese lesiva en caso de familias vulnerables que estuviesen ocupando viviendas, han concretado.
Debate de los grupos
«Hoy no estamos hablando de ocupaciones. Estamos hablando de paz social», ha argumentado Marta Madrenas (Junts), que ha asegurado que la ley busca dar herramientas a las administraciones ante ocupaciones que alteren la convivencia cuando los grandes tenedores se desentienden de sus propiedades y así ponerlas al servicio de políticas públicas de vivienda.
El republicano Pau Morales ha celebrado haber encontrado un «punto de encaje y consenso» con Junts y PSC durante la tramitación con el objetivo de evitar arbitrariedades en la ley, y ha reclamado a estos grupos desencallar la comisión de investigación sobre fondos buitre para analizar la situación de la vivienda con datos que permitan impulsar medidas eficientes.
Desde los comuns, Susanna Segovia ha alertado de que la ley puede generar inseguridad jurídica, estigmatizar a familias sin recursos e invadir competencias estatales, y ha acusado a los partidos que la han apoyado de hacerlo por electoralismo: «Hay ocupaciones porque hay viviendas vacías», ha advertido la diputada, que ha sostenido que los Mossos ya actúan en los pisos donde hay actividades ilegales.
Eva Candela (PSC-Units) ha coincidido con Segovia en que la raíz del problema de las ocupaciones es que hay viviendas vacías y ha lamentado que la posibilidad de sancionar a grandes tenedores no haya conseguido revertir esta situación, que ha propiciado «una línea de negocio muy lucrativa a personas y organizaciones sin escrúpulos».
La 'cupaire' Montserrat Vinyets ha criticado que en la ley no se hable de los alojamientos turísticos, «que son el fenómeno que genera más desesperación a los vecinos, altera convivencias, no deja dormir por las noches, genera estrés y expulsa a la gente de los barrios», y ha añadido que la entrada masiva de fondos especuladores es el verdadero problema de orden público.
La diputada de Cs Anna Grau ha mantenido que la ocupación es un delito: «El problema con la ocupación es que tenemos un delito encubierto y que nadie se atreve a llamar delito» y ha cargado contra la ley de Junts porque, según ha dicho, es floja, está mal hecha y después de las enmiendas de ERC ha quedado peor.
Por parte de Vox, Sergio Macián ha lamentado «la falta de rigor conceptual» en el texto original de la ley y ha defendido que las comunidades de vecinos necesitan una solución urgente para combatir el fenómeno de la ocupación ilegal y que deben poder actuar cuando la propiedad no lo haga.
Desde el PP, Daniel Serrano ha asegurado que hasta hace poco los 'populares' eran los únicos que reclamaban medidas contra la ocupación, y ha lamentado que, tras los cambios pactados con los grupos, la ley elimine la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan instar el desahucio y mantenga la posibilidad de expropiación de uso siete años: «Todo lo que no sea el desalojo del ocupa ilegal en 24 horas es ineficiente».
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