La moción de los 'populares' ha sido apoyada por Ciudadanos, mientras que el Grupo Provincial Socialista, IU y Podemos-Equo han votado en contra. Por su parte, VOX se ha abstenido.
En su iniciativa, la portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha apuntado que más de 400 condenados han visto reducir sus penas e incluso han sido excarcelados por la aplicación de esta ley. Respecto al anuncio del PSOE sobre La proposición de ley presentada por los socialistas en el Congreso de los Diputados, Ustero ha manifestado lo siguiente: «Tres meses y medio ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez en admitir que la 'ley del solo sí es sí' es un despropósito». «Ahora a seguir esperando un acuerdo con los mismos que diseñaron ese despropósito», ha apostillado.
«Es necesario reformar urgentemente esta ley», ha asegurado Ustero, al tiempo que se ha referido a esta norma como «la más desastrosa que se ha aprobado en el Parlamento español durante la era democrática».
La portavoz popular en la DPZ ha continuado diciendo lo siguiente: «La entrada en vigor de esta ley ha supuesto el mayor y más grave retroceso en las políticas para la lucha contra la violencia de género de las últimas décadas».
Ha detallado que sus impulsores, en primer lugar negaron que esta norma fuese a rebajar las penas y después defendieron que la ley estaba bien y que los jueces no sabían aplicarla y que les enseñaría el Tribunal Supremo, institución que trasladó que los jueces estaban aplicando correctamente «la nefasta ley».
Asimismo, ha sostenido que desde cuatro organismos, --El Consejo Fiscal; el Consejo de Estado; El Consejo Económico y Social; y la Agencia de Protección de Datos--, alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de esta ley y estas advertencias «no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno».
"alarma social"
Las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, las rebajas de las penas e incluso las órdenes de excarcelación están provocando «una importante alarma social entre la población» y se ha cuestionado «qué más tiene que pasar para que se modifique esta ley» y «cuándo va a pedir disculpas el Gobierno a la sociedad entera y en particular a esas mujeres que han sufrido esas violaciones».
Por otra parte, Ustero ha calificado de «humillantes» e «indecentes» las polémicas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en las que ironizaba con la rebaja de penas a violadores por la 'ley del solo sí es sí'. «Que una representante del Gobierno se ría de las rebajas de penas es absolutamente inadmisible y reprochable», ha criticado.
«Los cientos de víctimas que han visto como sus agresores sexuales ven reducidas sus condenas o directamente salen de la cárcel no se merecen esta falta de respeto», ha sostenido Ustero, al tiempo que ha reiterado que, por primera vez en décadas, en vez de dar pasos adelante para proteger a las mujeres, se ha dado «un enorme paso atrás, lo que es dramático y una falta de respeto para las víctimas».
«El Gobierno va haciendo chapuzas sobre chapuza en una ley que ya ha generado un daño irreparable y lo seguirá haciendo hasta que se apruebe, si procede una nueva», ha esgrimido la 'popular', y ha instado a dimitir a la ministra de Igualdad, Irene Montero o a Pedro Sánchez a cesarla porque «cuando se legisla desde el activismo, la inexperiencia y la soberbia sucede lo que ha sucedido».
Por su parte, la diputada de Cs, Blanca Cebollada, ha afirmado que Sánchez tiene «la obligación moral de cesar de manera inmediata» a la ministra de Igualdad.
Ha sostenido que esta ley ha supuesto un paso adelante en muchos aspectos y ha introducido medidas «muy positivas», sin embargo, su aplicación está teniendo «consecuencias desastrosas» para algunas personas. Respecto a la propuesta de reforma, ha dicho, que «llega muy tarde y no va a poder borrar las nefastas consecuencias que ha tenido durante estos meses la aplicación».
Votos en contra
Desde Podemos-Equo, Susana Palomar, ha criticado que el PP se haya propuesto tirar abajo esta ley, «al igual que lo intentan con todas aquellas propuestas que conllevan avances en derechos». Ha defendido que esta asegura el derecho a decidir sobre la propia sexualidad, el derecho al bienestar sexual y a la integridad sexual y el derecho a elegir con quién se mantienen relaciones sexuales.
Asimismo, ha indicado que esta ley invierte en mejorar en la prevención y detección, reforzando el sistema educativo español, implementando contenidos sobre educación afectivo sexual e igualdad de género para el alumnado en todos los niveles educativos. Palomar ha detallado que esta norma avala el derecho que tienen las víctimas de violencia sexual a una asistencia integral y la norma también contempla la creación de centros de crisis 24 horas en cada provincia, que servirán para brindar atención psicológica, jurídica y social en situaciones de crisis a víctimas, familiares y personas del entorno.
En representación de IU, Elena García, ha sostenido que esta ley «ensancha la democracia» y «refuerza los derechos». «La consecuencia lógica de la integración de todas las actividades delictivas en contra de la libertad sexual bajo el único término de agresión sexual ha hecho necesario rebajar los mínimos de algunas penas para que los jueces pudiesen disponer de una horquilla más amplia para individualizarlas en cada caso concreto», ha explicado.
«La manipulación realizada por la oposición política y la mayoría de los medios de comunicación ha creado una alarma injustificada imaginaria», ha zanjado.
El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha defendido que se trata de «una buena ley que necesita ajustes técnicos» y cuya aplicación «no ha tenido los efectos deseados», «ni el PSOE, ninguno de los ministerios implicados ni los diputados que la apoyaron deseaban estos efectos».
Ha dejado claro que en la reforma propuesta por el Gobierno central, «el consentimiento seguirá siendo la base fundamental de esta ley y no habrá distinción entre abuso y agresión».
ABSTENCIÓN DE VOX
Por su parte, el portavoz de VOX en la DPZ, Carlos Rodrigo, ha justificado su abstención diciendo que: «Esta ley está demostrando que no protege a las mujeres, divide a las familias y establece la guerra de sexos que no soluciona el problema de la violencia en el ámbito doméstico».
Rodrigo ha pedido la derogación de esta ley al tratarse de «una auténtica chapuza legal del Gobierno de Sánchez». Ha criticado que ni Sánchez, ni ninguna de las ministras del Gobierno se hayan parado a pensar «en el miedo y en el desamparo» de las mujeres que desde que ha entrado esta ley en vigor, especialmente las víctimas de abusos y violaciones.
Ha instado también a endurecer el Código Penal para que los delincuentes sexuales tengan cadena perpetua y la retirada de la nacionalidad en caso de delincuentes con nacionalidad adquirida.
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