La Generalitat prevé aprobar mañana el decreto que permite sancionar con casi un millón de euros el "acoso inmobiliario"

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha defendido en una entrevista con Europa Press que esta normativa es una «apuesta política» de su departamento y cree que él mismo manda un «mensaje muy claro» con su aprobación: «Voy a combatir los abusos de los fondos buitre y voy a trabajar por proteger a la gente».

El acuerdo entre los tres socios se ha producido en el 'consellet' de este jueves, en el que se ha alcanzado consenso sobre la cesión obligatoria del uso de viviendas con una nueva redacción que, para el vicepresidente, «mantiene el impulso» original de la norma pero «clarifica» los casos en que se podrá realizar y da mayor «seguridad jurídica». Salvo imprevisto, el decreto se aprobará este viernes.

Illueca ha explicado que este decreto nace como respuesta a las «situaciones complicadas» y los «casos dramáticos» que generan «algunas prácticas», muchas de las cuales formarán parte de la tipificación de este «acoso inmobiliario». La regulación, para el vicepresidente, es «innovadora y ambiciosa» y sitúa a la Comunitat Valenciana «a la vanguardia» en políticas de vivienda.

En este sentido, ha explicado que se tipifican varias de las «conductas de acoso» más habituales como la negativa a aceptar el pago del alquiler «por parte muchas veces de fondos de inversión que quieren quitarse de encima a las familias»; la negativa a hacer las reformas necesarias para que la vivienda esté en condiciones y «las conductas que tienden a perturbar el pacífico disfrute de las viviendas por parte de las personas que las habitan».

Para Illueca, las sanciones que se tipifican son «bastante elocuentes» y en los casos más graves «que merecen el máximo reproche» se elevan hasta los 950.000 euros.

Grandes tenedores

Otra de las cuestiones que aborda el decreto es la «mayor transparencia» para los grandes tenedores de vivienda, que considera que en muchas ocasiones están envueltos en «opacidad». Para ello, se crea un registro de grandes propietarios que será «de mucha utilidad» para poder ejercer un «mayor control sobre su actividad en la Comunitat Valenciana».

Igualmente, se regula y se da «carta de ley» a una unidad antidesahucios y se crea el procedimiento de inspección para verificar el cumplimiento de esta normativa, en lo que tiene que ver con la regulación de grandes propietarios. Así, se les da a los funcionarios las «herramientas» para actuar y poder llevar a cabo las inspecciones, así como sancionar las conductas «inaceptables».

Ley de vivienda

Por otra parte, preguntado por la el bloqueo en el Congreso de la ley de Vivienda, ha señalado: «No lo entiendo yo y no lo entiende nadie» y ha considerado que esta normativa rige temáticas «muy notables» como la imposibilidad de que haya desahucios sin alternativa habitacional y la suspensión de estos procedimientos hasta que esta exista.

Igualmente, ha reclamado que en esta normativa se habilite a las comunidades autónomas la competencia para regular el precio de los alquileres y ha destacado que la Comunitat Valenciana, en concreto, ha «hecho los deberes» al respecto. «Tenemos herramientas de diagnóstico rigurosas que nos permiten actuar, sabemos los municipios donde los precios están tensionados».

Al respecto del bloqueo, el conseller ha considerado: «Alguien podría pensar que están actuando lobbies de presión que han conseguido bloquear la tramitación de la norma» y ha puesto como ejemplo al presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler y exalcalde de Barcelona y exministro de Industria con el PSOE, Joan Clos.

«Yo creo que es muy importante que los gobiernos no tengan hipotecas a ninguna estructura de poder y que prevalezca siempre el interés general», ha considerado Illuieca, que ha insistido en la necesidad de un «cambio estructural del mercado inmobiliario» y en la habilitación de la competencia de la limitación del precio del alquiler.

¿Y mientras llega? El vicepresidente ha destacado el programa «más ambicioso de la historia» de ayudas al alquiler y el aumento de presupuesto del Bono Joven. «Pero hay que limitar el precio del alquiler, es algo para lo que las ayudas evidentemente no son suficientes. Es fundamental que se produzca una intervención de los poderes públicos».