En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Álvaro Sanz ha apostado por «incidir, en el ámbito laboral, en las profesiones que están más feminizadas y, por lo tanto, más precarizadas», señalando que en los últimos años se ha avanzado «de forma clara en cuestiones básicas», como la subida del salario mínimo o la ratificación del convenio de la OIT para las empleadas del hogar, o la aprobación de la ley de igualdad salarial, con auditorías retributivas «que permitan actuar para superar la brecha salarial de desigualdad».
Sin embargo, «hay cuestiones que no están cambiando porque son de carácter estructural», ha dicho Sanz, llamando la atención sobre «la infravaloración objetiva de categorías y trabajos feminizados y con más precariedad».
Ha comentado el caso de las cuidadoras del ámbito residencial y el de las empleadas del sector de la limpieza de oficinas de Huesca, que están en huelga porque sus salarios no alcanzan el salario mínimo interprofesional.
Esto se debe, ha manifestado, a que «la valorización del trabajo tiene más que ver con el prestigio y el poder que con la necesidad social de ese trabajo», subrayando que «lo vemos a diario» con los trabajos que durante la pandemia eran esenciales «y hoy de nuevo son trabajos invisibles» y sumidos en «una precariedad indecente», que se agudiza con el alza de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.
Iniciativa
Marga Deyá ha explicado que la proposición no de ley propone analizar y detectar las causas estructurales de la brecha salarial para revertirla e implicar a la Administración en la labor de mediación para propiciar la consecución de estos objetivos.
IU defenderá realizar un estudio de las ocupaciones feminizadas, como el sector de la salud, y ver su evolución a lo largo del tiempo, señalando que «se ven diferencias salariales que no se explican», con sueldos de 1.500 a 2.000 euros en las áreas más masculinizadas y de 1.200 a 1.500 en las feminizadas.
También ha dicho que, en el sector de la limpieza, hombres y mujeres tienen retribuciones diferentes, al ser considerados ellos peones especialistas.
Además, IU exigirá al Gobierno de Aragón que medie en los convenios sectoriales, sobre todo los vinculados a la gestión de los servicios públicos, poniendo el ejemplo de Baleares, cuyo Gobierno autonómico ha mediado en el convenio de atención a la dependencia.
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