Ante el creciente número de casos de víctimas de violencia de género y violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud, al igual que la LOMLOE, establece que las escuelas y otros establecimientos educativos son instituciones que representan en sí mismas una protección eficaz contra la violencia y en las que la promoción del bienestar del alumnado es un objetivo primordial.
En este sentido, el consejero Felipe Faci ha destacado la implicación del Gobierno de Aragón a la hora de desarrollar políticas de prevención en el ámbito educativo. El nuevo protocolo viene a sumarse al Protocolo para la Prevención, Detección e Intervención de la Ideación Suicida, que se ha confirmado como un elemento «indispensable» a la hora de promover el bienestar emocional entre la población en edad escolar, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
Al igual que esta herramienta, que se puso en marcha el curso pasado para atender de forma coordinada y dar respuesta de manera conjunta a los casos en los que se detectasen ideaciones suicidas en las aulas, el nuevo protocolo tiene como objetivo contribuir al bienestar del alumnado y proporcionarles ayuda y acompañamiento en situaciones de difícil gestión emocional.
El protocolo es fruto de la colaboración entre distintos departamentos del Gobierno de Aragón, Policía Nacional y Guardia Civil.
Estructura del documento
El nuevo protocolo aborda aspectos relacionados con la prevención, detección, intervención, acompañamiento, seguimiento y formación. Por lo que respecta a la Prevención, contiene dos extensos capítulos relativos a la educación afectivo sexual y a las tecnologías de la información y comunicación, que han sido elaborados con la colaboración de expertos en las materias.
El capítulo dedicado a la educación afectivo sexual se centra en la autoestima, en los valores, en la educación emocional, diferenciando los sentimientos de las emociones, y haciendo hincapié en la promoción de hábitos saludables en las interacciones afectivas.
El capítulo dedicado a las TICs hace un recorrido por los distintos riesgos que puede suponer el uso de estas tecnologías en lo relativo a la violencia de género y la violencia sexual, pero al mismo tiempo aporta recursos de prevención a través de la utilización de dispositivos electrónicos.
Asimismo, se recogen algunas definiciones y se ponen de relieve algunos estereotipos y mitos, que todavía perviven sobre estos tipos de violencia, con la intención de ayudar a desactivarlos, han sostenido las citadas fuentes.
En el apartado de la Detección, numerosos estudios demuestran la posible correlación entre fracaso escolar, TDAH (trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad), la dificultad para establecer relaciones sanas, el hecho de ejercer o recibir acoso escolar e incluso las ideaciones suicidas con la violencia de género sufrida en el ámbito familiar y la violencia sexual.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) señala que las administraciones públicas deberán prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares marcados por la violencia de género garantizando la detección de estos casos, así como la protección de sus derechos.
Este protocolo ofrece instrumentos, como los indicadores que pueden ser observados por los profesionales del ámbito educativo respecto a la violencia de género, tanto en la ejercida en el ámbito familiar, como la sufrida por una alumna en su relación de pareja o expareja.
Discapacidad
Además, se ha incluido un apartado que se centra en el alumnado con discapacidad intelectual y los cambios de comportamiento que estas personas pueden presentar y que puedan poner en la pista de que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. El profesorado o personal auxiliar de los centros educativos podrán hacer un seguimiento más cercano atendiendo a la variedad de signos o síntomas que observen.
En el apartado de la Intervención, el protocolo recoge que, una vez detectada cualquiera de estas violencias, la intervención de los profesionales del ámbito educativo se regirá por unos principios entre los que caben destacar la protección de los menores, la confidencialidad para preservar la intimidad de las personas afectadas por la violencia de género o violencia sexual y la celeridad.
Para ello, se han determinado secuencias de actuaciones muy claras y divididas en fases, que guían a los centros educativos en el procedimiento.
Con el objetivo de proporcionar una respuesta integral a estos tipos de violencias, tanto para la elaboración de este protocolo, como para su seguimiento y desarrollo, ha sido fundamental la coordinación entre instituciones y administraciones. Así, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha coordinado un grupo de trabajo en el que han participado, además de profesionales de este ámbito y del propio Departamento, miembros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), del Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de la Guardia Civil.
El documento que recoge todos los recursos que presta la comunidad autónoma desde el punto de vista psicológico, legal y social y que se encuentra también disponible en versión de lectura fácil complementado con pictogramas de ARASAAC.
Acompañamiento
En el apartado de Acompañamiento, el protocolo hace especial hincapié en la mujer víctima posible de violencia de género en el ámbito familiar, ofreciéndole una puerta de entrada a los servicios sociales especializados en la materia.
Asimismo, pone el foco en las familias del alumnado víctima posible de violencia sexual y las familias de alumnas posibles víctimas de violencia de género, proporcionándoles la información respecto a los recursos disponibles y el apoyo por parte del equipo directivo y la Red Integrada de Orientación Educativa.
También presta atención a los centros educativos a través de la Inspección Educativa y el Equipo de Convivencia Escolar, apoyándoles y asesorándoles en la implementación de este protocolo y al alumnado víctima posible de estas violencias, asegurando su protección inmediata y con un seguimiento estrecho tanto en lo relativo a su bienestar emocional como a su progresión pedagógica.
Asimismo, se centra igualmente en el alumnado que haya llevado a cabo actuaciones susceptibles de considerarse violencia sexual y violencia de género y que, aunque no requieran de otro tipo de intervención externa, sí merecen la intervención educativa necesaria para reconducir su conducta.
Finalmente, el protocolo contempla la creación de una comisión de seguimiento, que evaluará de forma periódica el documento con el objetivo de conocer el grado de adecuación de las medidas incluidas, la necesidad de nuevas acciones o para valorar la efectividad de las desarrolladas.
Por otra parte, además de las actividades de sensibilización, formación y prevención de la violencia de género y la violencia sexual que el Departamento de Educación está proporcionando a toda la comunidad educativa durante estos últimos años, la implementación de este protocolo vendrá acompañada de diferentes sesiones de formación que se proporcionarán a la Inspección de Educación, a la Red Integrada de Orientación Educativa, a los Equipos Directivos de los centros docentes y al profesorado en general.
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