«¿Hay problemas en bicimad? Sí. Este equipo lo reconoce desde el primer momento, somos conscientes y trabajamos duro para resolverlos», reconocía el regidor de la capital este mismo lunes. Con la puesta en marcha del nuevo servicio y su gratuidad se han multiplicado las quejas de los usuarios y de los grupos municipales.
Por ello, la portavoz socialista, Mar Espinar, requerirá a Almeida sobre el tiempo con el que se puso en marcha la nueva etapa del servicio municipal de bicicletas.
El soterramiento de la A-5 será otra de las cuestiones que ocupe una comparecencia en Cibeles. En reiteradas ocasiones, desde el equipo de Gobierno se ha trasladado que el proyecto ya está redactado, que «se puede ejecutar desde mañana mismo», pero se espera que se realice de forma homogénea con la Operación Campamento.
Fue a mediados de septiembre cuando el Consistorio aprobaba la modificación del contrato por el relanzamiento de la Operación Campamento, por la que se hacía inviable «desde el punto de vista de la capacidad y la movilidad» la configuración determinada por el proyecto, así como por las dificultades técnicas sobrevenidas para el paso de la Línea 5 de Metro.
Se pedirán explicaciones «sobre la contratación relativa al soterramiento de la A-5» en una comparecencia solicitada por Más Madrid y en una pregunta sobre el «cúmulo de casualidades que afectan a los contratos relativos al soterramiento de la A-5».
El déficit
El Ayuntamiento de Madrid cerró 2022 con una deuda inferior a 1.800 millones de euros y un déficit de 236 millones de euros, mientras que ejecutó un total de 5.468 millones de gasto. El Gobierno municipal sostiene que este déficit se debe a la baja cuantía de las ayudas por Filomena, las devoluciones por plusvalía así como por imputar a la capital en un solo año el déficit de tres ejercicios.
Desde el Grupo Mixto, José Manuel Calvo preguntará «los motivos por los que el Ayuntamiento de Madrid ha pasado del superávit anual por encima de mil millones de euros que dejó el gobierno de Manuela Carmena a cerrar el último ejercicio con déficit en las cuentas».
La única interpelación de este Pleno, a petición de Miguel Montejo (Más Madrid), será para conocer «las medidas que piensa adoptar el Gobierno municipal en materia de hacienda pública una vez comunicado al Ministerio de Hacienda el déficit».
La sesión arrancará a las 9.15 horas con la presentación de la Memoria anual de actividad de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción por parte de su director, Carlos Granados.
Desde Más Madrid se preguntará a Almeida «qué opinión le merece que el 99,98% de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid sean ilegales y qué piensa hacer al respecto».
Proposiciones de los grupos
Las proposiciones arrancarán de la mano de Más Madrid, que propone un plan especial que regule específicamente las cocinas industriales, aprovechando todo el trabajo realizado con la modificación puntual de la normativa urbanística, con el contenido, detalle, límites, incorporaciones, condicionantes y régimen transitorio.
La concejala Marta Higueras buscará apoyos para instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a que reafirme su compromiso con los derechos de las personas LGTB y a que «no modifique la normativa, y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que se retracte de las palabras pronunciadas el pasado 6 de marzo, en el ejercicio de su cargo, en relación con las personas trans y su estigmatización».
Higueras se refiere a las palabras de Isabel Díaz Ayuso que ironizó con que su gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. «Tendremos a Enriqueta López o Enrique Ossorio», aseveró.
Además, Más Madrid presentará una batería de medidas que buscan «adaptar los centros educativos, colegios y escuelas infantiles, y sus instalaciones, a la nueva situación producida por el alza de las temperaturas en el marco del calentamiento global».
Mediante una moción de urgencia, el grupo municipal CS defenderá modificar, de forma inmediata y urgente, el Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas del Plan 18.000 --un programa del Ayuntamiento de Madrid de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad-- para incluir en la oferta de venta de cuotas alícuotas de suelo a favor de los superficiarios las parcelas sometidas a protección pública en la actualidad.
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