Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández | Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

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La Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado este martes por unanimidad, en una reunión presidida por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, la distribución provincial de los fondos que destina el Estado a Andalucía a través de este programa.

La asignación regional asciende a 194,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al actualmente vigente y una subida del 26,7% si se compara con 2018, según destaca el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que gobierna desde ese año.

Actualmente y hasta septiembre continua vigente el PFEA 2022, «que cerrará con 1.881 obras ejecutadas, casi un 5% más que en el anterior; 126.592 contratos, un 14% más, y un incremento de los jornaleros y jornaleras del 11%, lo que se traduce en 2,13 millones de jornales», señala Fernández agregando que este programa sirve para generar empleo y «fijar la población al territorio dándole seguridad de futuro».

El importe aprobado esta jornada corresponde a los costes de contratación y Seguridad Social de los trabajadores, a lo que hay que sumar las aportaciones del resto de las administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para la adquisición de los materiales.

Por ello, el delegado ha puesto en valor «la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y local, a través de su máximo representante, el presidente de la FAMP como un elemento fundamental para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos».

Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía. Se determinó en 2022 la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria a favor de los trabajadores y trabajadoras agrarios, que deberá ser igual o superior a 20 y 10 jornadas cotizadas, respectivamente, considerándose acreditado las 35 jornadas cotizadas que históricamente eran necesarias para acceder a la renta agraria.

En el PFEA de 2022 se introdujo como novedad, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres del entorno rural.

«Se trata de dar un paso más allá y no sólo generar riqueza, sino además acercar y dotar a las mujeres que viven en estos municipios del conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías rompiendo la brecha digital y abriendo nuevas oportunidades a la búsqueda activa de empleo», ha explicado Fernández.

Dicho programa, que comenzó en mayo de 2022, tiene vigencia hasta año del próximo año, y tiene como beneficiarias a mujeres contratadas con el PFEA o que hayan sido contratadas en el Programa desde su puesta en marcha en 1997.

Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.

Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.

En la Comisión Regional han participado el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, representantes de la coordinación territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de las administraciones autonómica y local, así como de sindicatos y organizaciones agrarias que han dado el visto bueno al reparto por provincias de los fondos.

A partir de ahora serán los subdelegados y subdelegadas quienes convoquen las comisiones provinciales para que los ayuntamientos puedan empezar a presentar los proyectos destinados a 2023-2024.

Precisamente son las administraciones locales las responsables de determinar las actividades que darán empleo en sus municipios gracias a estos fondos, principalmente agrarios, el sector de obras y servicios de interés general y social, previamente consultada con los interlocutores sociales.