Rivarés ha explicado que para hacer un contrato privado, como sería el derecho de superficie, el valor estimado de las prestaciones --obras, servicios, gestión de obra o gestión de servicios-- no puede exceder el 50 por ciento total del negocio.
Como el valor de la construcción del estadio, según el informe económico del Real Zaragoza que da origen a los pliegos, es de 139 millones, y el valor del derecho de superficie establecido por el Ayuntamiento son 30,8 millones de euros, «se excede por mucho de ese 50 por ciento del precio y no podría tramitarse como un contrato privado, sino como un contrato administrativo».
En rueda de prensa, Rivarés ha precisado que no ha pedido medidas cautelares al TACPA, «que las hubiera concedido de inmediato», para evitar la paralización de los pliegos y que no se llegue a tiempo para el Mundial de Fútbol 2030.
Contrato de concesión de obra
El segundo motivo de acudir al TACPA es considerar que se está «ante un verdadero contrato de concesión de obra» ya que existe una construcción del estadio, una explotación del mismo y el riesgo de la operación es para el adjudicatario, que son los tres elementos típicos del contrato de gestión de obra recogidos en el artículo 14 de la Ley de Contratos.
Esto, a juicio de Rivarés, es «especialmente relevante», ya que ha estimado que el órgano de contratación --el Gobierno de la ciudad-- ha optado por una figura aparentemente de derecho privado con el fin de saltarse los plazos legales y ampliar el máximo de 40 años a 75, «con la única finalidad de que el adjudicatario obtenga un rendimiento económico mayor que el que la ley le permitiría».
Para Rivarés, de considerarse su pretensión, significaría que el Gobierno de la ciudad «retuerce la norma, haciéndole perder a la ciudad los ingresos de explotar el campo durante 35 años, que según el estudio de viabilidad del Real Zaragoza se estiman en 514,5 millones de euros».
Compromiso
Rivarés ha sostenido que la responsabilidad de Podemos con la candidatura al Mundial de Fútbol 2030 «contrasta con la irresponsabilidad» del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, «que en el mes de septiembre no quisieron convocar un concurso público para elaborar el anteproyecto de campo».
El portavoz de la formación morada ha indicado que, si tanto el alcalde de Zaragoza, como el consejero municipal de Urbanismo hubiesen actuado con la diligencia normal en estos procesos, «hoy habría un anteproyecto público de estadio y la semana que viene --en concreto el 12 de mayo-- se hubiera podido entregar a la Federación, en vez de hacer pasar como propuesta de la ciudad lo que sólo es parte de una oferta sobre la que el Ayuntamiento no puede pronunciarse de manera legal».
Ha observado, asimismo, que el hecho de que alguno de los componentes del órgano de contratación ya haya accedido a la documentación que ha de presentarse, en un sobre cerrado, a un concurso público convocado «es de las cosas más irregulares que han pasado en años en este Ayuntamiento».
Igualmente, ha opinado que esta actuación es «lo más responsable que puede hacer Podemos» ya que, «si cualquier tercero hubiera acudido a los tribunales de justicia solicitando la nulidad del concurso, se podría estar en la misma situación que hubo con el estadio del arquitecto Lamela, que se paró años después con la obra a punto de comenzar».
Si embargo, el hecho de recurrir a la vía administrativa hace que la cuestión esté resuelta «previsiblemente antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas», seguramente en un mes. «Es la única manera de asegurar la legalidad o no de la operación sin paralizar nada», ha reiterado.
También se ha ratificado en su planteamiento de que Podemos no judicializará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al argumentar que los posibles «incumplimientos» son cuestiones formales fáciles de subsanar. Sin embargo, los pliegos sí parecería que se han hecho prescindiendo del procedimiento correcto y una operación de tanta envergadura «no puede tener dudas de legalidad alguna».
Sociedad mixta
A juicio de Rivarés, la alternativa que ha defendido en todo momento, «la constitución de una sociedad mixta», es el «único plan B» que cabe, si el TACPA le da la razón y descarta el derecho de superficie como fórmula legal para hacer el campo.
«Una concesión demanial no cabría jurídicamente, tal y como señaló el Real Zaragoza en su alegación», y un procedimiento de gestión de obra« exigiría licitar un anteproyecto de estadio y, posteriormente, un estudio de viabilidad, ambos con periodos de 30 días de exposición pública antes de convocar el concurso, lo que alargaría los plazos »en exceso e impediría que las obras pudiesen comenzar antes de 2025, en el mejor de los casos".
Aun así, ha reiterado que este plan B será el que se ejecute en caso de formar parte del próximo gobierno, «independientemente de lo que diga el TACPA», porque «es la única manera de involucrar al Gobierno de Aragón y construir la Ciudad del Deporte, sin que le cueste nada a la ciudad».
Rivarés ha vuelto a señalar a Azcón como el responsable de llegar a esta situación por «romper los acuerdos alcanzados y firmados que excluían el derecho de superficie como fórmula para la construcción del campo» y por renunciar a un «gran acuerdo de 28 concejales para sacar adelante el estadio» por una utilización exclusivamente electoral.
«Podemos no ha elaborado estos pliegos», ha recalcado Rivarés, «y si se ha incumplido la ley y ello pone en peligro la construcción del estadio o la candidatura al Mundial 2030, Azcón y su gobierno, que son los que han elegido esta vía, serán los únicos responsables».
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