Vecinos del barrio de Arroyo de Fresno, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, llevan años denunciando la inseguridad de la zona por el tránsito de toxicómanos que deambulan a plena luz del día por la zona para comprar droga en un pequeño poblado chabolista situado en la linde de El Pardo.
«Seguimos con un trasiego creciente de personas relacionadas con la compra-venta de droga y consumo en la vía pública a la vista de todos», recoge un tuit colgado por la Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno.
Las chabolas se ubican en un pequeño monte entre la M-40 y las vías del tren al estar junto a la estación de Cercanías de Pitis. Se encuentra en un terreno que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Hace 20 años, el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón al mando llevó a cabo en esta zona el desmantelamiento de los poblados chabolistas de La Quinta y Pitis. Pese a ello, hay familias que aún se resisten en abandonar las infraviviendas.
En este barrio del norte de Madrid residen familias que a diario se cruzan con toxicómanos, que incluso consumen drogas en las marquesinas de los autobuses frente a niños y en los ascensores del metro de Pitis.
Los vecinos denuncian además que sufren atracos en plena calle a punta de jeringuilla y en urbanizaciones, donde los que frecuentan el poblado para ir a por droga se meten para llevarse bicis u otros enseres.
Los vecinos llevan años denunciando la inseguridad que viven y reclaman mayor presencia policial. Quieren que el Ayuntamiento de Madrid desaloje por completo el lugar al estar además rodeado de basura, lo que supone un problema de salud pública.
Desde la Asociación de Vecinos de Arroyo del Fresno señalan a Europa Press que en el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano hay un expediente abierto en relación al desalojo de las tres infraviviendas que quedan en el poblado.
Fuentes municipales apuntan a Europa Press que un informe de los servicios sociales señala la necesidad de garantizar unas mínimas condiciones de habitabilidad para los menores, por lo que «el desmantelamiento debe ir ligado a un proceso de realojo de estas familias, en coordinación con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo o la Agencia Madrileña de Vivienda Social».
Se trata de evitar, agregan las citadas fuentes, «una situación de calle y/o desamparo de menores y un problema social mayor del que existe ahora». No obstante, indican que «se está pendiente de cómo evoluciona este asunto para actuar lo más ágilmente posible y en permanente contacto con el distrito».
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