En la resolución se recogen las propuestas formuladas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y por el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores con el fin de actualizar las cuantías de los módulos de compensación económica.
Con la actualización de las cuantías de los módulos aprobadas en el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, se recupera el poder adquisitivo de los profesionales de la Abogacía y la Procura, afectados por la elevada inflación. Con este incremento de cuantías, la Comunitat Valenciana se sitúa a la cabeza de las establecidas en el resto de las comunidades autónomas.
De hecho, el aumento en las compensaciones para la Abogacía y la Procura del Turno de Oficio ha sido una constante desde el año 2016 de forma que, según los servicios, los profesionales que atienden la Justicia Gratuita han visto incrementados los módulos desde el 14 al 227 por ciento.
Por último, la Generalitat destinará durante este ejercicio unos 60 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 160 por ciento respecto a 2015, cuando se destinaron 23,3 millones de euros.
37 nuevos conceptos
Desde el Consejo de la Abogacía han concretado que con los nuevos baremos en la Abogacía se han incrementado 37 conceptos, que tienen una subida media del 40% con respecto a noviembre de 2021. Por otro lado, se han mantenido inalterados 42 conceptos, lo que implica que, en términos globales y sin ponderar la incidencia de cada concepto en el total, el incremento medio es del 19%, frente a un IPC del 8,8% en ese periodo.
En total, frente a la bajada retributiva del 39% aprobada en 2012, a la que debe sumarse el IPC del 23% devengado desde entonces, el incremento retributivo desde 2012 en la Comunitat Valenciana ha sido del 126%.
Una vez concluya el periodo electoral, el CVCA ofrecerá su mejor disposición para el diálogo y el acuerdo a los responsables de la Justicia valenciana que resulten de las elecciones a fin de abordar todos los problemas que presenta la Justicia valenciana en la actualidad, así como la necesidad de retribuir muchas actuaciones que ahora mismo no están contempladas en el baremo y seguir dignificando las retribuciones establecidas, que siguen siendo en muchos aspectos escasas, al margen de proponer mejoras burocráticas que simplifiquen la prestación de servicio sin merma de calidad o control presupuestario.
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