La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha explicado este miércoles que la T-Mobilitat ha alcanzado los 1,25 millones de usuarios este junio y que están trabajando para la «integración plena» de la séptima corona metropolitana en su sistema.
Lo ha dicho en el Parlament en respuesta a una interpelación del diputado del PSC Jordi Terrades, que ha criticado que la Generalitat no haya completado el despliegue de la T-Movilitat en toda Catalunya tras anunciarlo en 2014 y le ha pedido concretar cuánto ha costado el proyecto.
«La principal pregunta sigue cerrada como el secreto de la pirámide: ¿sabremos algún día cuánto ha costado o nos está costando el proyecto de la T-Mobilitat?», ha dicho Terrades, que ha afirmado que la adjudicación inicial fue de 58 millones y que, según algunos expertos, esta cifra superaría los 130 millones.
Capella ha advertido de que «se identifica erróneamente» la primera adjudicación con el coste total del proyecto, que no supone solo el paso de títulos en papel a digitales, sino también un nuevo modelo de movilidad, ha dicho.
Según ha expuesto, ese modelo debe permitir transitar hacia un nuevo sistema de tarifas en el que los usuarios paguen por kilómetros y en función de cuánto usan el transporte público --cuánto más se use, menos se pagará--, lo que debe permitir eliminar las coronas de la Autoritat del Transport Metropolità.
«Queremos que desaparezcan las coronas, en el doble sentido de la palabra, ya me entienden», ha añadido.
También ha explicado que la Generalitat trabaja para poner en marcha una T-Mobilitat «de cartón recargable» y para que los usuarios de los sitemas iOS --Iphone, Ipad y similares-- puedan tener la versión digital de la tarjeta en sus dispositivos.
Corredor mediterráneo
Por otro lado, Capella ha criticado que el Estado «no cumple» en las inversiones para el Corredor Mediterráneo, y ha asegurado que esto se debe a una voluntad expresa del Estado.
«Es un retraso cuyo resultado no es por desidia, es la voluntad expresa del Estado, porque sino ya le habrían encontrado solución», ha reprochado la consellera, que considera que España tiene un sistema centralista que prioriza Madrid por encima de otros territorios en cuanto a infraestructuras.
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