En un comunicado, el Ejecutivo Autonómico ha lamentado este jueves que la decisión del Tribunal Constitucional «ahonda en la erosión que el autogobierno viene sufriendo en los últimos años de intensa pulsión recentralizadora por parte del Estado».
La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha expuesto que la ley «no establece la prevalencia del euskera respecto del castellano» y que «el precepto no supone una carga de prueba para un miembro de la corporación municipal que desconozca el euskera».
Además, ha recordado que el propio Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que «las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad, bien en las relaciones internas, en las relaciones entre ellas o en sus comunicaciones con los particulares».
"judicialización del euskera"
Garamendi ha censurado «la intensa judicialización del euskera» y ha advertido de que «estamos ante una ideologización de la lengua que se saca de su contexto natural y se lleva a una suerte de contractivismo que, en este caso, alcanza al trabajo de las personas miembros de las corporaciones locales, en relación con los documentos escritos que manejan».
«Esta sentencia ignora el camino de diálogo y acuerdo que se ha recorrido en nuestras administraciones durante estas cuatro últimas décadas», ha añadido.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha criticado la sentencia del Tribunal Constitucional que estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en relación con el precepto 2 del art.6 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (LILE).
El Ejecutivo Autonómico ha recordado que en el origen de esta causa se encuentra el recurso presentado por Vox ante el TSJPV contra el Decreto 179/2019 sobre normalización del uso en las instituciones de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi.
La resolución judicial, que ha sido adelantada en una nota informativa publicada por el alto tribunal, supone la nulidad de dicho precepto y sostiene que la exigencia del desconocimiento del euskera para que las órdenes del día, mociones, acuerdos y actas de las entidades locales sean redactadas en castellano, supone un trato preferente del euskera. El tribunal ha considerado que esto «menoscaba los derechos lingüísticos» de los miembros de las entidades locales.
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