El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida | Eduardo Parra - Europa Press

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La modificación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid tratarán de cumplir aquello de 'a la tercera va la vencida' con la celebración en un tercer intento, ahora ya en un nuevo mandato, de una comisión extraordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que se celebrará este miércoles a las 17 horas.

Las normas pretenden regular desde las cocinas industriales a los pisos turísticos, además de otras realidades en la ciudad como el 'cohousing', el 'coliving', la flexibilización de usos, la agilización de los trámites administrativos, la simultaneidad de las declaraciones de impacto, las tramitaciones de impacto ambiental o, la mejora de las declaraciones responsables.

Con ello, el Ayuntamiento de Madrid busca «ser mas eficaces y rápidos en sectores tan importantes para la economía de Madrid», en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La comisión será el paso previo al Pleno que llegará este lunes y donde más que previsiblemente quedará aprobada la modificación dada la mayoría absoluta del PP.

El mandato pasado acabó sin que los números le dieran a Almeida por el rechazo de la oposición al documento puesto encima de la mesa. A pocos meses de que finalizara el mandato, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se abría a la negociación, primero con un encuentro cara a cara con el PP y dejando fuera a su socio de gobierno, CS, en manos de quienes estaba Desarrollo Urbano, y después ofreciendo al alcalde mano tendida para «salvar los escollos» una vez pasadas las elecciones con el fin de aprobarlas «lo antes posible».

«Madrid necesita un urbanismo moderno, ágil pero también carente de cualquier imposición ideológica de la izquierda. No entendemos que para construir edificios o levantar aparcamientos Madrid necesite hablar de la perspectiva de género, de la ideología de género o cuestiones relativas a la Agenda 2030», criticaba entonces Ortega Smith.

En Vox siempre han remarcado que nunca han cambiado de opinión con respecto a las normas urbanísticas. «Nosotros aprobamos el inicio del expediente, el avance de las normas, porque era la única manera de tener encima de la mesa un borrador con unas propuestas, pero no significa que tengas que aprobar lo que te pongan delante. Ese avance iba a ser negociado pero no hubo esa negociación», aclaraban tras insistir en la necesidad de actualizar unas normas que datan de 1997, desactualizadas y que no dan respuesta a los problemas que han ido surgiendo en estos 25 años.

Hasta 215 millones en el pib y 2.000 empleos a corto plazo

Toda la izquierda más Vox votó contra la modificación propuesta. El entonces gobierno de coalición PP-CS argumentaba que estaban votando en contra de un expediente cuyo informe económico afectaría a 215 millones de euros anualmente en el PIB de la ciudad" y que generaría a corto plazo hasta 2.000 empleos.

El entonces Ejecutivo municipal alegaba que pretendía eliminar «piedras en el zapato» para el desarrollo de la ciudad, en alusión a los planes especiales de control ambiental, sin que esto suponga eliminar los informes sectoriales durante el proceso de la licencia.

Almeida ha destacado que el impacto a corto plazo de la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas es «de 2.000 empleos, con 200 millones de euros para la ciudad».

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Cocinas industriales y pisos turísticos

En cuanto a las cocinas industriales, la actualización de las normas urbanísticas planteaba que se puedan implantar en la capital en locales de uso industrial con un máximo de 350 metros cuadrados, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. Además se limitaban a ocho las posibles cocinas agrupadas.

Las viviendas de uso turístico quedan sujetas en el texto al Plan Especial de Hospedaje, actualmente en vigor y avalado por los tribunales, que exige acceso independiente. La actualización presentada en comisión, por otro lado, permite la hibridación de usos para recuperar zonas de la ciudad que en la actualidad están obsoletas. Además las terrazas y los cuartos de instalaciones en plantas de piso no computan a efectos de edificabilidad.

Más Madrid ha dejado claro que es necesario actualizar las normas urbanísticas pero veía ya en el mandato pasado cuestiones que quedaban «cojas», con el acento puesto en que no se garantiza el acceso a la vivienda al no profundizar en el problema de la turistificación.

También echaban en falta la incorporación de las calles escolares o que se vele por la distribución racional de usos, como con las cocinas, los locales de apuestas y las viviendas de uso turístico.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha valorado que la modificación de las normas urbanísticas que quiere sacar adelante el alcalde prima los «intereses de los especuladores» y agudiza el problema de las cocinas fantasma.

Se trata así de unas normas urbanísticas que, según Maroto, no sólo «no resuelve» el problema con las cocinas fantasmas sino que genera «inseguridad jurídica» con el limbo que se generará entre la aprobación municipal y la autonómica y puede suponer «una proliferación en los próximos meses de estas cocinas».

La fravm avisa que no se llegará a tiempo

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha lanzado un SOS ante la «barra libre a la apertura de cocinas fantasma en edificios de viviendas» que llegará a la ciudad porque la modificación de las normas urbanísticas que prepara el Ayuntamiento no llegará a tiempo.

El próximo 5 de agosto finaliza la moratoria de licencias del Ayuntamiento de Madrid, una medida que no se puede prorrogar, por lo que a partir de ese día se podrán instalar cocinas industriales «en cualquier lugar de la ciudad», ha explicado la Federación. De hecho, el Consistorio está obligado a esperar cinco años para volver a aplicar una moratoria semejante.

Aunque el Consistorio apruebe antes de esa fecha su proyecto de modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)--el gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere elevarlas a Pleno la próxima semana--, «la Comunidad de Madrid tiene que dar después su visto bueno y esto suele demorarse muchos meses o incluso más de un año».

La FRAVM y la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma, alarmadas por esta situación de inseguridad para el vecindario, han exigido a Almeida «que no espere más y siga el ejemplo de Barcelona, que ha prohibido la actividad de las cocinas fantasma en zonas de viviendas a través de un Plan Especial».