«Dijimos que si el gobierno que se constituía era compartido entre el PP y Vox, en la investidura votaríamos en contra y así lo haremos. Así lo hemos mantenido desde el primer día, pese a los intentos que ha habido por algunas partes de confundir a la ciudadanía», ha recalcado el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
Guitarte ha sostenido que Teruel Existe ha sido «la única fuerza política que ha hecho todo lo posible para que hubiese una alternativa a este Gobierno de PP y VOX» y ha explicado que su posición será en contra porque «no compartimientos las condicionantes a las políticas que puede hacer la presencia de VOX en el Ejecutivo».
Ha defendido que Teruel Existe «deriva de un movimiento ciudadano al que le preocupa, sobre todo, la consecución de determinados objetivos», así como la aplicación de políticas que den solución real a problemas, para lo que hace falta «credibilidad».
«Esa credibilidad la tenemos nosotros porque la llevamos peleando durante más de 22 años» ha dicho, elogiando a su formación por llevar contra la despoblación y por el equilibrio territorial en la igualdad de oportunidades «para todos los aragoneses, vivan donde vivan».
No obstante, Tomás Guitarte ha declarado que trabajarán «en una posición constructiva en la comunidad autónoma» de manera que serán capaces de «exigir e intentar que el Gobierno aplique todas esas medidas que durante la campaña ha dicho que se compartían» --en alusión a los puntos en común de su formación con el Partido Popular--.
Exige al gobierno
El líder de Teruel Existe ha enumerado todo lo que desde su formación se va a exigir al futuro Ejecutivo autonómico como, por ejemplo, una moratoria en la implantación de las renovables «para que se proceda a ordenar de forma correcta esa implantación en la provincia de Teruel, en especial en las comarcas con mayores valores naturales».
También ha reclamado un servicio de emergencias médicas «que cubra las 24 horas del día, los 365 días del año»; políticas «reales» de lucha contra la despoblación como por ejemplo «que las ayudas al funcionamiento realmente alcancen los costes laborales»; o que en la implantación del FITE «se actualice su fondo como mínimo al incremento del IPC, lo que significaría pasar de los 60 millones actuales a 80 o 90 millones»".
En definitiva, «vamos a estar encima de que todas las medidas que se han dicho se puedan compartir realmente se apliquen con eficacia para solucionar los problemas que demandamos».
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