El PSC y los comuns han votado en contra, mientras que Cs, Vox y el PP se han abstenido.
En agosto, y a petición de Junts, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminó que la norma estatal presuntamente vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda y el principio de autonomía financiera y gasto.
El dictamen señaló la presunta inconstitucionalidad de una decena de disposiciones sobre políticas de vivienda, viviendas de protección oficial y parques públicos, entre otras.
Los republicanos habían votado a favor de la Ley de Vivienda en el Congreso, pero se sumaron a la petición de Junts de recurrirla ante el TC tras el dictamen del CGE.
Junts ve "incongruencia" en erc
La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha reprochado a ERC la incongruencia, en sus palabras, de haber negociado la ley con el Gobierno y ahora sumarse al recurso que su grupo planteó primero: «Pero bienvenido sea el planteamiento».
Pau Morales ha defendido que ERC negoció para preservar competencias autonómicas y lograr avances en la regulación del alquiler, y ha acusado a Junts de «escudarse en la soberanía catalana» para frenar, entre otros, medidas contra los desahucios.
La socialista Eva Candela ha recordado que dos miembros del CGE avalaron la constitucionalidad de la ley en un voto particular, y ha mostrado su sorpresa por que ERC defienda recurrir una norma que sus propios diputados negociaron, alineándose así con «gobiernos del PP».
«No se puede estar en misa y repicando», ha dicho David Cid (comuns), que ha reprochado a ERC que negociara la ley con el Gobierno y ahora quiera recurrirla, y ha acusado a ERC y Junts de querer tapar sus diferencias ideológicas con un recurso por motivos competenciales.
Maria Elisa Fuster (Vox) ha sostenido que la Ley de Vivienda completa el «abandono del ciudadano de a pie» que, a su juicio, ha llevado a cabo el Gobierno con el apoyo del independentismo, y ha reprochado a ERC y Junts que planteen recurrirla por cuestiones competenciales.
Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha advertido que Catalunya vive un «proceso de expropiación legislativa» de sus competencias exclusivas, y ha avanzado que su grupo pronto presentará una proposición de ley sobre derecho a la vivienda en el Parlament.
Noemí de la Calle (Cs) ha lamentado que los independentistas «solo hacen caso al CGE cuando les interesa», y ha criticado que en las negociaciones de investidura pidan una amnistía en vez de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
El popular Daniel Serrano ha sostenido que los recursos de gobiernos del PP contra la ley tienen lógica porque el partido se opuso a ella, a diferencia de ERC: «Estamos ante un ejercicio de hipocresía política. Es un juego entre dos exsocios de Govern en el que no vamos a entrar».
CAPELLA DEFIENDE LA ACTUACIÓN DEL GOVERN
Terminado el debate, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha tomado la palabra para defender las políticas del Govern en materia de vivienda: ha asegurado que Catalunya fue pionera en «sustraer el derecho a la vivienda de la lógica del mercado», y que esa sigue siendo una prioridad del Govern.
Además, ha asegurado que algunos se escudan en la defensa de las competencias autonómicas para defender un «derecho a la propiedad sin límites», en referencia a Junts, y ha sostenido que la Generalitat es la única administración que, de momento, ha iniciado los trámites para aplicar la contención de rentas del alquiler.
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