Durante la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica; el presunto «testaferro» de la trama se ha desligado del contenido de sus anteriores comparecencias alegando su adicción al alcohol y ha negado que emitiese facturas falseadas con relación a las mencionadas sociedades.
En esta nueva sesión del juicio ha comparecido como acusado Juan Francisco Algarín Lamela, presunto «testaferro» de la trama fraudulenta de los ERE, figurando además en este juicio dos «intrusos» prejubilado en el ERE de Surcolor que no pertenecían a la plantilla, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y finalmente un representante sindical.
Según la Fiscalía, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con un letrado «para iniciar la tramitación» de un ERE y con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas «como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».
Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Juan Lanzas contactó con Rivas y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, --condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE, acusado además en esta causa pero fallecido en octubre de 2020--, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción»; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
A partir de ahí, según el Ministerio Público, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» de Antonio Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.
"una ayuda directa sin exigencia de justificación"
Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».
En ese marco, Juan Francisco Algarín sólo ha accedido a responder preguntas de su abogada defensora, quien previamente había visto rechazada su solicitud de renunciar a representarle, bajo la premisa de que este juicio abarca varios meses y se solaparía con otras vistas y señalamientos de envergadura que tiene encomendados.
Ante la decisión de Algarín de responder sólo a su propia abogada, el fiscal ha solicitado la lectura de las actas de las comparecencias policiales y en fase de instrucción del acusado, extremo concedido por el tribunal, siendo recitados fragmentos de sus declaraciones en aquellos momentos, sobre «entregas de dinero a Juan Lanzas», supuesto conseguidor de fondos públicos de la Junta, en bares como uno junto al mismo Parlamento de Andalucía.
Cobrar dinero "por orden de lanzas"
También han sido leídos fragmentos de sus comparecencias con el reconocimiento de que «recogía facturas a Lanzas» y le entregaba dinero derivado de tales facturas, pues él «cobraba» el dinero de estas facturas «por orden de Lanzas o del cuñado» del mismo, así como que habría incurrido en tal práctica con relación a Surcolor y que «el responsable» de tal empresa es «muy amigo» de Juan Lanzas.
Pero una vez leídos estos fragmentos de sus comparecencias previas, Juan Francisco Algarín no ha ratificado las mismas, sino que ha alegado que entonces sufría y sufre actualmente «una adicción al alcohol». Incluso ha preguntado si él dijo los aspectos leídos durante la sesión. «No me acuerdo de la mitad de las cosas. Me hablaban y yo decía que sí», ha asegurado, exponiendo que respondía de modo afirmativo porque sus interrogadores de la Guardia Civil le prometían que así podría marcharse.
Algarín ha dicho así que nunca tuvo ninguna relación con Surcolor y que no ha emitido «ninguna» factura falsa para Lanzas vinculada a dicha empresa ni ninguna otra, pues según ha asegurado, «nunca» ha facturado para Juan Lanzas, alguien para quien sólo trabajaba distribuyendo el aceite de su almazara, según ha manifestado.
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