En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco de este martes, Zupiria se ha referido a la decisión de operadores de transporte escolar de no prestar el servicio y recurrir la orden de ejecución forzosa del servicio en centros públicos.
Según ha precisado, el Gobierno vasco considera que, «por ley», las empresas prestatarias del servicio de transporte escolar «están obligadas a cumplir lo que la orden del Departamento de Educación establece» y, por lo tanto, ha remarcado, «están obligadas a prestar ese servicio de transporte, que tan necesario es para asegurar el derecho de la educación que tiene el alumnado de la Comunidad Autónoma Vasca y que depende en parte de ese servicio de transporte».
Tras reconocer que, en caso de desacuerdo, las empresas «tienen todo el derecho del mundo a recurrir tanto en instancias administrativas como en instancias judiciales esa orden», ha advertido que, «mientras tanto, lo que corresponde es acatarla y cumplirla».
Zupiria ha apuntado que «las consecuencias que se pueden derivar de ese incumplimiento están recogidas en la legislación» y, según ha precisado, «toda ley suele llevar en su último apartado una referencia a los incumplimientos y a las sanciones, y éstas pueden ser importantes en casos de incumplimiento».
Desde 2020
El portavoz del Gobierno vasco ha destacado que se trata de un conflicto «cuyo origen se encuentra hace cuatro años», ya que «estamos con dificultades para resolver esta cuestión del transporte escolar desde el año 2020».
En esa línea, ha recordado que desde el año 2020 hasta el presente las empresas de transporte «han presentado 27 recursos a las diferentes decisiones que ha ido adoptando el gobierno y los 27 recursos han sido rechazados en lo que tiene que ver con los aspectos económicos de los mismos».
Quien ha rechazado estos recursos, ha explicado, ha sido el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, la OARC, que es «el órgano que tiene la obligación de velar por el buen cumplimiento de los contratos de la administración pública que están en vigor».
Además, recordado que la prestación de este servicio de transporte escolar ha conocido los dos años anteriores «incrementos muy importantes, del 27% en el año 2021 y del 4% en 2022», además de abonarse «unas cantidades añadidas para hacer frente al encarecimiento que los combustibles estaban teniendo».
En este momento, y «la vista de que no se consigue desatascar la situación», el Departamento de Educación «ha adoptado la orden publicada por el consejero que ha establecido que va a asumir, en esta situación de obligación, el coste real que para las empresas tiene la prestación de este servicio, más un 6% añadido de beneficio industrial». «Este es el contexto en el que se está produciendo este plante de las empresas de transporte», ha subrayado.
Zupiria ha reiterado que el Gobierno Vasco lleva desde 2020 «intentando resolver esta cuestión y hasta el momento no hemos acertado, pero es nuestra obligación explorar todas las vías posibles para intentar desatascar esta situación».
En cualquier caso, ha insistido en que «hay una orden en vigor del consejero de Educación que debe ser cumplida, salvo que algún tribunal administrativo o de justicia diga que no es correcta». «Mientras tanto, lo que toca es cumplirla», ha advertido.
En cuanto a las ayudas anunciadas por Educación para las familias afectadas por el conflicto en el transportes escolar, Zupiria ha explicado que el Departamento de Jokin Bildarratz aún no ha concretado cuál será el procedimiento para acceder a ellas, pero la intención es «poder resolver esta cuestión en unos pocos días, de forma que la petición de estas ayudas pues no tenga que seguir un trámite complicado para las familias, que sea un trámite que sea fácil, ágil y sin mucho papeleo».
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