La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado que el proceso de renovación de las concesiones de 38 líneas de transporte regular de pasajeros contemplará una inversión de alrededor de 400 millones de euros para la adquisición de 600 autobuses, entre modelos completamente eléctricos, híbridos y en menor medida convencionales.
Así se ha expresado la consellera este lunes, durante su intervención en la apertura de la jornada 'La comunicación de la movilidad sostenible y del cambio climático', organizada por la Cátedra Vectalia y la Cátedra Aguas de Alicante de la Universidad de Alicante (UA), según ha indicado la Generalitat en un comunicado.
La titular de Infraestructuras ha expresado la «voluntad política» del Consell para «avanzar desde todos los frentes, hacia formas más eficientes y eficaces de transporte de personas que tengan el menor impacto posible en el medio ambiente».
En este sentido, ha afirmado que la Generalitat «asume el reto de que ninguno de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana carezca de un servicio de transporte interurbano moderno, eficaz, eficiente y sostenible».
Por ello, ha sostenido que el proceso de renovación de las 38 concesiones de líneas de transporte regular que se está llevando a cabo va «más allá de un mero acto administrativo pues es una apuesta de futuro».
Por provincias, Castellón recibirá 100 de estos vehículos, mientras que Alicante tendrá 240 y los 260 restantes corresponderán a las líneas que operan en la provincia de Valencia. Estos autobuses estarán dotados de Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE), que permiten compartir información en tiempo real sobre la ubicación del vehículo, aforo y cualquier otra incidencia que permitan mejorar el servicio.
«Está previsto que todo este proceso se lleve a cabo en un plazo máximo de dos años, si bien es nuestra voluntad el acortarlo en la medida de lo posible», ha resaltado la consellera. Además, ha añadido que «movilidad es sinónimo de oportunidad, de ahí que la sea responsabilidad de la Administración facilitar los mejores medios de transporte público para la ciudadanía y que estos servicios sean universales, accesibles y, por supuesto, sostenibles».
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