El Gobierno andaluz ha explicado este martes que va a crear un Servicio de Inspección para las universidades privadas, diferenciado, por tanto, del sistema de control que rigen para las universidades públicas, aunque ha negado que «vayamos a aplicar criterios diferentes» y se ha reafirmado en que «los criterios de calidad serán los mismos».
«Las mismas reglas para todos porque estamos jugando a lo mismo», ha continuado argumentando en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a preguntas de los periodistas sobre los recelos expresados por los rectores de las universidades públicos hacia los centros privados acerca de una exigencia menor.
Gómez Villamandos, quien ha aludido a la creación de un «Servicio de Inspección específica para las universidades privadas», ha precisado que «las públicas tiene otro sistema de control», del que ha hecho partícipe a órganos como los Consejos Sociales de las universidades o la Cámara de Cuentas, además de las auditorías, antes de apuntar que «la supervisión de servicio que se presta (en las universidades públicas) lo hace esta Consejería», en referencia a su departamento.
Las preguntas se enmarcan en el hecho de que este martes la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento de Andalucía aprueba el dictamen sobre los proyectos de ley de creación de las universidades privadas CEU Fernando III y Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, último trámite antes de que reciban luz verde por parte del Pleno de la Cámara autonómica.
El consejero ha querido negar la premisa mayor, que el nivel de exigencia para la privada sea inferior a las públicas, por lo que se ha reafirmado en la idea de que tendrán «las mismas condiciones que las universidades públicas», entre los que ha incluido aspectos como «la verificación de todos sus títulos», que el porcentaje destinado a investigación cumple con el 5% de su presupuesto, según la exigencia legal, o una memoria de actividades «o cuantos indicadores se le marquen».
«No queremos que nada empañe el buen prestigio del sistema público universitario andaluz», ha llegado a afirmar Gómez Villamandos.
«La Universidad privada no es competencia para la pública», ha proclamado el consejero de Universidad, quien ha negado los argumentos de que su irrupción vaya en detrimento de los centros universitarios públicos, de manera que ha rechazado «ni vaciamiento (de alumnos) ni perjuicio directo», antes de invocar que existen «siete universidades públicas en el ranking de las universidades de Shangai».
Tras apelar a la existencia de un «sistema universitario de alto nivel» y a que «no hay que tener miedo en absoluto», el consejero de Universidad ha explicado que «hay 8.000 andaluces que estudian fueran de Andalucía en universidades privadas», antes de remitirse al ejemplo que mejor conoce por su pasado como rector de la Universidad de Córdoba (UCO), a la que ha descrito como una universidad de «tamaño medio», que debió convivir con la Universidad Loyola para argumentar que «no le ha supuesto perjuicio, le ha animado a competir».
La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) establece para la gobernanza de las universidades una seria de exigencias, entre ellas contar con una Unidad de Inspección, a la que corresponde «velar por el correcto funcionamiento de los servicios» y su normativa de funcionamiento corresponde al Consejo de Gobierno de la universidad.
La Inspección actuará de oficio, a instancia de los distintos órganos de gobierno de la universidad o tras denuncia de algún miembro de la
comunidad universitaria y ejercerá las funciones de incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios a miembros de la comunidad
universitaria.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.