Gobierno Vasco actualizará al alza los ingresos máximos para acceder a VPO para "adaptarlos a la inflación"

Arriola ha dado a conocer esta modificación durante el pleno de control parlamentario al Gobierno Vasco, celebrado este viernes en el Parlamento Vasco, donde ha recordado que el contexto de inflación tras la pandemia y la guerra de Ucrania «puede afectar negativamente y dejar fuera del sistema a personas y familias cuya economía no ha mejorado».

El consejero ha explicado que los niveles de ingresos para estar de alta en Etxebide se calculan utilizando la declaración del IRPF y aplicando un factor corrector en función de las características de la unidad convivencial, por lo que «si los ingresos ponderados máximos se superan, se pierde la posibilidad de acceder a un VPO».

En este sentido, Arriola ha señalado que el objetivo es «evitar escenarios injustos que podrían expulsar del sistema de protección social a muchas personas a causa de la inflación».

A modo de ejemplo, ha explicado que se puede dar la situación de que una persona demandante de una VPO vea incrementado su salario por debajo del incremento del IPC y que, «aunque su poder adquisitivo real se ha resentido al crecer los precios más que su sueldo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a una vivienda protegida».

Ingresos máximos

El consejero ha explicado que los límites en vigor se basan en la normativa de 2011 y que no ha sufrido ajustes reseñables, «debido a la estabilidad en esta materia en los últimos años». Dada la situación actual, ha anunciado que la actualización se recogerá en la disposición final del futuro decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda, que será aprobado en las próximas semanas.

La norma recoge que excepcionalmente en el momento de aprobación del decreto se realizará una actualización del 8,5%. Así, el límite de ingresos máximos pasará de 25.000 a 27.125 euros; en el caso de una vivienda de protección social de alquiler; de 39.000 a 42.315 euros los topes para quienes opten a una VPO de régimen general en arrendamiento o compra; y de 50.000 a 54.250 euros en el caso de viviendas tasadas.

Asimismo, el decreto, cuya aprobación está prevista para las próximas semanas, establece un mecanismo de ajuste cada 1 de enero en función del IPC.