Los técnicos de la junta de tratamiento de la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), que tratan a la expolicía condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, creen que la «sobreexposición mediática relacionada con la actividad delictiva perjudica el proceso de reinserción» de la presa.
Lo ha explicado la consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, al preguntársele durante una rueda de prensa este viernes por la limitación a las llamadas que el departamento ha impuesto a Peral tras conceder una entrevista por teléfono para un documental publicado en Netflix y otra a Catalunya Ràdio.
Ubasart ha recordado que el martes se abrió un expediente sancionador a Peral «después de comprobar que se ha hecho un mal uso de las comunicaciones personales», y ha añadido que el jueves la junta de tratamiento (formada por psicólogos, juristas y otros técnicos de la prisión) hizo esta valoración por unanimidad.
La consellera, que ha rechazado dar más detalles del caso «por protección de la intimidad» de la reclusa, ha incidido en que se trata de decisiones técnicas y ha asegurado que el departamento es escrupuloso en los procedimientos y el respeto al reglamento penitenciario.
Ha afirmado que los presos «tienen derecho a comunicarse con medios de comunicación y tienen derecho a dar entrevistas», pero que deben hacerse en el locutorio de la prisión y por escrito, sin ninguna grabación audiovisual.
20 llamadas a 10 personas
Por su parte, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha detallado que la normativa fija que los presos pueden hacer un máximo de 20 llamadas por semana, para lo que pueden designar un máximo 10 números de teléfono con los que contactar, que deben ser de familiares y allegados: «En esta interpretación extensiva incluimos también amigos, pero debemos saber qué persona estará al otro lado de la línea».
Calderó ha explicado que para el expolicía condenado por el mismo crimen, Albert López, se ha tomado una decisión «similar, una medida cautelar, pero que evidentemente no implica el alcance de la señora Peral porque no ha habido ninguna comunicación con el exterior».
Ha descartado que la medida sobre López sea preventiva sino que «hay algún indicio que aconseja tomar una decisión en este sentido», que ha negado que esté vinculado con el impacto mediático de Peral, pero ha rechazado concretar alegando también la intimidad del penado.
Las dos decisiones de la administración pueden recurrirse y llevarse ante un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y en función de este recorrido, la medida cautelar tardará más o menos tiempo en volverse firme.
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