La Plataforma ha considerado que se produjo una «sobreactuación policial» durante la concentración «pacífica», ya que los agentes comunicaron que era «una concentración ilegal» y solicitó los documentos de identificación a «al menos una decena de los presentes para realizar la correspondiente denuncia».
Según ha indicado la plataforma en una nota de prensa, la concentración a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, se produjo «de forma pacífica y seria», ya que querían estar presentes «en este momento tan prometedor para Doñana» y hacer ver que «una importante parte de la ciudadanía ha sido desoída hasta el momento durante la tramitación de la proposición de ley de regadíos en Doñana, pero no quiere permanecer apartada».
Por ello, según han explicado, tras conocer la reunión entre los representantes de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica, "se hizo un llamamiento interno para, quienes pudieran, plantarse frente a la puerta del palacio de San Telmo de Sevilla, con la pancarta que muestra el lema de esta plataforma: 'En defensa de Doñana'.
Asimismo, la plataforma ha detallado que la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se acercó al grupo, tanto al inicio como al final de la reunión, al igual que lo hizo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
No obstante, los miembros de esta plataforma han lamentado que, pasado 15 minutos, la Policía Nacional les informara de que «estaban participando en una concentración ilegal para protestar» porque «no había sido comunicada» y procedieron a solicitar los documentos de identificación a «al menos una decena» de los presentes para «realizar la correspondiente denuncia».
«Respetando en todo momento a la Policía Nacional y su función, consideramos que hubo una sobreactuación. Los delincuentes que roban agua en Doñana llevan años escapando de denuncias y sanciones y vemos actuaciones inmediatas sobre quienes defendemos la integridad de Doñana con denuncias y sanciones. La criminación de una reunión pacífica y espontánea como la que hicimos para escenificar la presencia de la ciudadanía es posible gracias a una bien llamada 'ley mordaza'», han aseverado.
Además, Salvemos Doñana ha puesto de relieve a través de un mensaje en su perfil de la red social X que los denunciados «tendremos que pagar unos 300 euros por persona». «El daño peor es a un derecho constitucional en España y a la verdadera democracia. Quien roba el agua, un bien común, va a tener amnistía, y quienes defendemos Doñana tenemos multas», ha remarcado.
Al respecto, Salvemos Doñana ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que esta ley «supuestamente de protección de la seguridad ciudadana» ser derogada, porque «las manifestaciones y concentraciones pacíficas y no violentas no son un delito, sino un Derecho constitucional y una expresión de la verdadera democracia».
"positivo y expectante"
Por otro lado, la plataforma ha considerado que la apertura de conversaciones y el principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España sobre Doñana es «positivo y expectante» y que es una «lección aplicada de que sin ecología no hay economía» en la que la ciudadanía y la ciencia han sabido estar de lado de Doñana, su agua y su gente, aunque, tristemente, sus advertencias son ignoradas en la toma de decisiones".
Así, Salvemos Doñana ha subrayado que es «positivo» en cuanto que «se ha paralizado el proceso de tramitación de la ley de regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana propuesta por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, 2que seguía adelante a pesar de silenciarse a las voces contrarias e incluso sentencias y sanciones millonarias del Tribunal de Justicia Europeo por no proteger adecuadamente Doñana».
«Es positivo también en cuanto a que se pretende, según Teresa Ribera informó al grupo de Salvemos Doñana, buscar alternativas de desarrollo económico, social en el territorio, que la gente sienta que Doñana les beneficia pero no agotando Doñana, sino conviviendo con ella mediante la organización de un equipo o comisión para trabajar en ello», han remarcado.
Al respecto, para Salvemos Doñana, esa comisión «deberían formar parte las organizaciones ecologistas, la ciencia, y debiera escucharse a otras voces discordantes que la mayoría parlamentaria estaba desoyendo, como el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, la Unesco, la UICN o la Comisión Europea».
No obstante, la Plataforma muestra «expectación» ante «varios interrogantes» que, a su juicio, «están por aclarar o perfilar». En primer lugar, «ni una sola hectárea más debe ser declarada regable en el territorio de influencia de Doñana».
Por otra parte, el destino de los 356 millones que el Ministerio ha anunciado que se invertirán en Doñana, según ha apuntado la entidad, «debe excluir fehacientemente todo aquel proyecto que no responda a la recuperación de los daños originados, restaurar y conservar ecosistemas, consolidar el tejido social fortaleciendo el cooperativismo y las explotaciones familiares, apostando por un modelo de tejido económico compatible con la conservación del Espacio Natural de Doñana, en el que el valor añadido quede en el territorio de Doñana y repercuta en el bienestar social de su gente».
«Expectantes también con el compromiso con el cumplimiento del Plan de la Fresa de 2014, plan que ya nació del consenso de todos los actores tras un proceso participativo ejemplar, que hasta ahora está ejecutado en torno al 5%. También expectantes ante la necesaria creación de una oficina técnica para la diagnosis de la situación real de las autorizaciones de agua, que posteriormente atienda aquellos casos que incumplían los requisitos establecidos para la autorización de riego en el Plan de la fresa», han concluido.
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