La Junta de Andalucía se encuentra perfilando la orden con la que regulará la concesión de subvenciones a entidades locales «en riesgo de exclusión financiera» para sufragar hasta el 50 por ciento del coste de la instalación de cajeros automáticos en dichos municipios.
Así se desprende de la documentación asociada al proyecto de Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a entidades locales andaluzas en riesgo de exclusión financiera para sufragar los gastos de instalación y funcionamiento de cajeros automáticos, que se encuentra actualmente sometido al trámite de información pública.
La Junta prevé contemplar esta línea de subvenciones a entidades locales en el Plan estratégico de subvenciones 2023-2025 de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, según se detalla en el proyecto de orden, consultado por Europa Press, en el que desde la Junta defienden el inicio de «acciones para fomentar la instalación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en los municipios y entidades locales autónomas andaluzas que no cuenten ni con oficinas bancarias ni con cajeros automáticos».
De acuerdo a la documentación publicada por la Junta, la previsión del Gobierno andaluz es que las convocatorias de estas subvenciones se efectúen «por resolución de la persona titular de la Dirección General de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade)», en la que «se consignarán los créditos presupuestarios disponibles para esta línea de subvenciones, así como la fecha de inicio para la presentación de solicitudes y el período temporal concreto en que se haya incurrido en los gastos para los que se solicitan las subvenciones».
En el cuadro resumen de las bases reguladoras de estas subvenciones --que se vinculan al «Protocolo general de colaboración entre la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales y las entidades financieras en materia de exclusión financiera y bancaria»--, se especifica que con este proyecto «serán subvencionables los servicios de instalación y puesta en funcionamiento de cajeros, así como los gastos de funcionamiento de los mismos», que, no obstante, deberán «contar con unas dotaciones mínimas que permitan, al menos, la disposición de dinero en efectivo, tanto con tarjeta como con libreta, así como la consulta de saldos».
La Junta «excluye expresamente» en estas bases reguladoras la posibilidad de que la adquisición de los cajeros sea «por parte de las entidades locales beneficiarias», así como especifica que el porcentaje máximo de la ayuda prevista ascendería al 50% de los «gastos derivados de las actividades subvencionables».
Gastos subvencionables
Como «conceptos subvencionables», el borrador de las bases reguladoras incluye los gastos incurridos en relación tanto «con los servicios de instalación y puesta en funcionamiento del cajero en el inmueble donde se haya ubicado», como «con los servicios de mantenimiento y funcionamiento del cajero».
Igualmente, las bases de la Junta contemplan que sean las «entidades locales andaluzas» las que «podrán solicitar» estas subvenciones, si bien precisa como requisito para ello «haber incurrido en los gastos subvencionables en municipios o entidades locales autónomas que no cuenten con oficinas bancarias abiertas al público ni cajeros automáticos en su término municipal, y que posean una población superior a 500 habitantes, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía».
El problema de la "exclusión bancaria"
Desde la Junta argumentan que la «exclusión bancaria» es «uno de los muchos problemas derivados del despoblamiento» que preocupan en Andalucía «sobre los que es necesario y urgente intervenir», y al respecto ponen de relieve que, «en los últimos años, se ha producido un cierre progresivo y acelerado de las oficinas de entidades financieras en muchas localidades de Andalucía, dejando a las mismas, en muchos casos, sin posibilidad de disponer no solo de una oficina bancaria, sino tan siquiera de cajeros automáticos que permitiesen realizar operaciones bancarias básicas».
«Las implicaciones y efectos adversos para las personas residentes en núcleos de población donde no se dispone de oficina bancaria ni de cajero automático resultan evidentes», argumenta el texto del proyecto de orden para justificar la convocatoria de estas subvenciones, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y «con cargo a los recursos económicos de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade)», con las que desde la Junta se «trata de hacer efectivo en todo el territorio andaluz el acceso a los servicios de carácter financiero y bancario».
Al respecto, desde el Gobierno andaluz se parte de la premisa de que «el acceso a los servicios bancarios básicos supone una condición necesaria para participar en la vida económica y social, constituyendo su falta un obstáculo importante que limita la autonomía económica de las personas y que no solo les impide llevar una vida normal en la sociedad en la que viven, sino que también determina y condiciona su bienestar material».
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