La Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido de que la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Rmisa) «no se ha mostrado eficaz como consecuencia fundamentalmente de las deficiencias observadas en relación con la planificación, seguimiento, coordinación, evaluación y el sistema informático empleado».
Así lo ha señalado el ente fiscalizar en su informe sobre la gestión de esta medida en 2021, en el que ha señalado que en ese periodo «no ha estado vigente ningún documento de planificación estratégica, no se han constituido las Comisiones Provinciales de Seguimiento y no se han realizado evaluaciones, incumpliéndose la normativa de aplicación».
También apunta que las solicitudes de la prestación en el periodo 2018-2021 han pasado de 82.021 en 2018 a 30.953 en 2021, siendo el decrecimiento global del 62,26%. Esta evolución está en consonancia con la variación de los créditos iniciales destinados a esta renta que han disminuido de 198 millones de euros en 2018 a 115 millones en 2021, lo que supone un descenso global de fondos del 41,92%. En los presupuestos de 2022 y 2023 ha continuado esta reducción, situándose en 78,50 millones y 73,50 millones, respectivamente.
Según explica el descenso de solicitudes obedece a diversos factores, entre los que se encuentran: las expectativas de derecho que generó la prestación en el primer año de implantación (2018), la complejidad de la normativa reguladora, la excesiva burocracia que comporta su tramitación, la falta de accesibilidad y la regulación en el ejercicio 2020 de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Además, precisa que las resoluciones concedidas representan el 39,96% de las solicitudes y el 47,38% del total de resoluciones, siendo el resto denegadas, inadmitidas o archivadas.
El gasto medio anual en Rmisa por cada persona en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, se duplica de 2018 a 2019 (15,38 euros y 32,57 euros, respectivamente), en 2020 (43,51 euros) sigue esta senda de aumento, aunque en menor proporción, disminuyendo en 2021 (27,73 euros).
Por lo que se refiere a la cuantía de la prestación, la Cámara de Cuentas señala que esta renta queda por debajo de los umbrales de la pobreza, «no resultando por tanto suficiente para atender las necesidades básicas para una vida digna que ayude a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los beneficiarios».
Asimismo, los recursos humanos destinados a la gestión de la prestación «no resultan suficientes», habida cuenta del «retraso existente en la resolución de los expedientes, la falta de adecuación de las estructuras a las necesidades derivadas del DL 3/2017 y el alto índice de ocupación provisional originado por una gran movilidad y cesiones temporales». Por otro lado, hace hincapié en que la ratio de trabajadores formados en la materia se sitúa en el 46,58% y 33,74% en los ejercicios 2019 y 2020, no habiéndose realizado cursos de formación en 2020 y 2021.
"dificultad de acceso"
El procedimiento de tramitación de la renta mínima de inserción «no resulta ágil y accesible, dado que se trata de un procedimiento complejo y con excesivos trámites burocráticos». Así, la gestión de la prestación «no logra ser eficiente fundamentalmente por las demoras en la resolución de las solicitudes, se incumple sistemáticamente el plazo de resolución de dos meses previsto», siendo el plazo medio de resolución es de 10,76 meses.
En este sentido, detalla que las solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2021 ascienden a 33.800, lo que representa un 15,66% del total de solicitudes (215.817).
«La complejidad del procedimiento junto con ciertas barreras de entrada (tales como la exigencia que la unidad familiar sea estable o los requisitos en relación con el empleo), la limitada difusión de la ayuda, y la escasa formación de parte de los solicitantes y potenciales demandantes dificulta la accesibilidad a la prestación», ha subrayado.
La Cámara de Cuentas también ha analizado el impacto del IMV, una prestación de carácter estatal coincidente con las ayudas de la renta mínima de inserción andaluza. Durante los ejercicios 2020 y 2021, el IMV y la Rmisa han sido compatibles, no habiéndose adoptado medidas de integración y coordinación entre ambas.
No obstante, en 2022 una modificación hizo que fueran incompatibles las dos prestaciones. Esto provocó «el descenso de solicitudes de la prestación autonómica, el aumento de la dificultad para la tramitación, el incremento de revisiones, de cantidades abonadas indebidamente, de expedientes de reintegros y de denegaciones por superar el umbral de ingresos al recibir otra prestación, así como la incertidumbre y falta de información por la confluencia de objetivos de ambas».
Recomendaciones
Ante esta situación, la Cámara de Cuentas propone una serie de recomendaciones que pasan por establecer mecanismos de coordinación entre los servicios centrales y las delegaciones territoriales en aras de homogeneizar criterios interpretativos para la concesión y tramitación de la prestación, así como con otras administraciones públicas implicadas, especialmente en materia de empleo, dada la relevancia de la integración en el mercado laboral de los beneficiarios de la Rmisa.
También aconseja asegurar el seguimiento y evaluación continua de la prestación para garantizar su eficacia y eficiencia, así como su adecuación a las necesidades de la ciudadanía. De igual manera, propone adoptar medidas encaminadas a lograr la adaptación del sistema informático empleado para la gestión de la Rmisa al Esquema Nacional de Seguridad así como mejorar la interoperabilidad con otros sistemas.
Asimismo, llama a implantar una herramienta que permita elaborar la parte laboral de los planes de inclusión y su integración con la parte social, junto a valorar el realizar una revisión de la configuración de la prestación de aquellos elementos que suponen una barrera de entrada, comportan excesiva complejidad y burocracia o dificultan la inclusión social y laboral de los potenciales beneficiarios.
Por último, insta a reforzar el personal destinado a la Rmisa, creando los puestos necesarios, dotando o adaptando otros existentes, según los casos, para poder dar cumplimiento a las necesidades derivadas de la propia normativa así como incrementar la formación específica a los trabajadores encargados de la prestación.
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