La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte del dinero habría sido supuestamente destinado a cocaína, copas y antigüedades.
En el banquillo de los acusados se han sentado Juan Francisco Trujillo; para quien la Fiscalía reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros; Isidoro Ruz Espigares, para el que el fiscal solicita seis años y tres meses de cárcel, como administrador de una de las empresas relacionadas con el primero; y el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) y para quien el Ministerio Público reclama seis años de prisión. También figura como acusada aunque sólo a título lucrativo la esposa de Trujillo, Juana Gallego.
Según la Fiscalía, Trujillo, personal de la Junta de Andalucía asignado como conductor a Francisco Javier Guerrero, este último condenado por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos y fallecido en 2020; acordó con este la constitución de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión», siendo estas empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, que recibieron 900.000 euros de fondos públicos.
Al margen del procedimiento legal
Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo «decidieron» que Isidoro Ruz Espigares presentara un proyecto para el emplazamiento de una granja avícola en demanda de una subvención de 450.000 euros, cosechando con ello esa cantidad en favor de la empresa Ave Nueva, siempre «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello».
La Fiscalía considera que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, «dispuso» del total de 1.350.000 euros transferidos «como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron». Es más, asegura que con estas ayudas, el exchófer de Guerrero «financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos».
Asimismo, y según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca, mientras Guerrero «recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer», todo ello «sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos».
El pp retira su acusación por asociación ilícita
Al comenzar el juicio, en la fase de cuestiones previas, la acusación popular que ejerce el PP de Andalucía ha anunciado su decisión de retirar la acusación por un presunto delito de asociación ilícita, tras lo cual Juan Francisco Trujillo ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le fuese designado otro de oficio.
Más al detalle, el acusado ha manifestado que no se siente «bien atendido» por su actual abogado defensor, José Manuel Sánchez, y que no tiene «confianza» en él, de cara a este juicio. «Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento representado», ha manifestado el inculpado, cuya petición ha contado con la oposición directa de la Fiscalía y del resto de las acusaciones, que son la Junta de Andalucía y el PP andaluz.
Tras un receso, el tribunal de la Sección Primera ha denegado su solicitud, exponiendo que este inculpado está «perfectamente representado» por su actual abogado defensor y explicando que Juan Francisco Trujillo había permitido que el juicio comenzase con su letrado como representante, «dejando» transcurrir la fase de cuestiones previas con este abogado al frente de su defensa.
Juan Francisco Trujillo ha alegado que ha formulado su petición de renuncia cuando su abogado le había manifestado que era «la ocasión» para hacerlo, insistiendo la presidenta del tribunal en que debería haberlo hecho antes del comienzo del juicio. Además, ha precisado que cuenta con el letrado que le ha asignado el Colegio de Abogados tras serle denegada la justicia gratuita y no proponer él un abogado propio.
Ratifica sus comparecencias en fase de instrucción
Ya en su comparecencia como acusado, Trujillo ha respondido exclusivamente a su abogado defensor, declinando contestar preguntas del resto de las partes. Así, ha ratificado «totalmente» sus comparecencias previas en la fase de instrucción del caso, sobre las ayudas autonómicas recibidas y su relación con Francisco Javier Guerrero.
Al comparecer inicialmente tras haber sido imputado, Trujillo declaró, entre otros aspectos, que entregó a Guerrero entre 40.000 y 60.000 euros de las ayudas concedidas por el mismo y regalos «diversos» como «contraprestación» al dinero de las ayudas públicas que recibió para sus empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial; así como que «la mayor parte» del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, «fiestas y copas» para Guerrero y él mismo.
Tras ratificar sus comparecencias en fase de instrucción, Juan Francisco Trujillo ha asegurado que si entregó a su esposa 24.000 euros de los fondos recibidos fue porque la misma «necesitaba pagar una cuota de un crédito» que había solicitado, manifestando que posteriormente, ella le «devolvió» esa cuantía.
Su esposa también dice que devolvió el dinero
Juana Gallego, en ese sentido, ha explicado en su comparecencia, en la que igualmente sólo ha accedido a responder a preguntas de su abogado defensor, que en efecto necesitaba ese dinero «para la adquisición de una vivienda», situación ante la cual su marido le habría dicho que «se lo pediría a un compañero».
Tras ello, según ha dicho, Juan Francisco Trujillo le «prestó» esos 24.000 euros y tiempo después, cuando él le «dijo que hacía falta» devolverlo, ella se lo entregó, al transferirle más al detalle 50.000 euros" procedentes de un préstamo hipotecario.
Ruz Espigares, de su lado, ha accedido a responder al fiscal y ha manifestado que él carece de conocimientos sobre subvenciones públicas y que tanto la empresa Ave Nueva creada junto con Trujillo como otra más creada por él mismo con fines hoteleros «eran reales» y estaban ideadas para funcionar, si bien en el primer caso, la localización de restos arqueológicos en la parcela elegida para el proyecto impidió la actividad.
Este acusado ha asegurado que la ayuda de 450.000 euros concedida para la empresa Ave Nueva fue «traspasada» después a la siguiente empresa, de actividad hotelera, porque Trujillo le dijo que «se podía hacer perfectamente», asegurando que invirtió «entera» la ayuda en esta nueva sociedad, que contó con «20 o 25 trabajadores» y que quebró finalmente por la gran recesión desencadenada a partir de 2008. En cualquier caso, ha negado que pagase «absolutamente nada» por los fondos recibidos ni que nadie le reclamase «contraprestación» alguna por ello.
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