La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, este miércoles en rueda de prensa. | ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

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El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía ha anunciado este miércoles que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa, que en esta jornada afronta su convalidación en el Pleno de la Cámara autonómica después de que lo aprobara el Consejo de Gobierno el día 6 y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 16, mientras que su entrada en vigor se produjo un día después.

Con un plazo por delante de tres meses para la presentación de ese recurso ante el Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de la norma, la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha esgrimido como argumentos para adoptar esta iniciativa que los diferentes informes jurídicos que rodean al decreto «no dejan justificada la urgente y extraordinaria necesidad» que explicaría el empleo de un decreto-ley en vez de tramitar un proyecto de ley.

Férriz ha apuntado también en el debe de este decreto-ley la falta del informe del Consejo de Gobiernos Locales, que «ni siquiera se había solicitado», como ha precisado, hecho al que ha sumado que «no se ha pronunciado el Consejo Consultivo», aun cuando ha precisado que su dictamen «no es vinculante», aunque sí ha invocado que su pronunciamiento fue contrario sobre una cláusula que se pretendió incluir en la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad Urbanística de Andalucía (Lista), como es el permiso para que entidades urbanísticas privadas puedan autorizar construcciones y que ahora incluye el Decreto-ley 3/2024, de manera que «el Consultivo advirtió de la ilegalidad» por cuanto propicia sustituir «el informe de un funcionario público por el de una entidad privada».

La portavoz parlamentaria socialista ha sostenido que el contenido del Decreto-ley 3/2024 «no es de un decreto de simplificación», afirmación que ha sostenido en «el intento de incluir la modificación de la Ley Forestal sobre Doñana por la puerta de atrás», antes de recordar que la Proposición de Ley sobre los regadíos en el entorno de Doñana incluía esa misma cláusula y que ésta «se iba a retirar, no se ha retirado, la Proposición de Ley sigue ahí», para concluir que el argumento de que el Gobierno andaluz busca adaptar la Ley Forestal de Andalucía a la normativa estatal «es mentira» porque «si quieres trasponer, lo copias tal cual».

Férriz ha apuntado otros perjuicios del Decreto-ley 3/2024 como la pérdida de 56 controles en materia de contratación, la modificación de la Ley de Patrimonio, la eliminación de órganos o el hecho de que «se eliminan todos los contraoles de impacto de género en materia presupuestaria», de manera que «se cargan las auditorías de hace 15 años» y «se cargan la Comisión del Informe de Impacto de Género entre la Consejería de Hacienda y el IAM».

Ha colegido que «el PP no necesita a Vox, sólo la mayoría absoluta para que se le cayera la careta», antes de lamentar que «es un tema en el que habíamos sido pioneros, desde 2003, y que el Gobierno de España nos ha copiado, y ahora nosotros vamos para atrás», en alusión a ese informe de impacto de género.

(((seguirá ampliación)))