La huelga, la tercera que se produce en menos de un año en este sector, se está desarrollando bajo el lema, «Zerbitzu publikoen alde, soldatak eta emplegua hemen adostu» (A favor del servicio público, consensuar aquí los salarios y el empleo) y están llamados a la misma alrededor de 150.000 empleados.
Con esta huelga, los convocantes quieren denunciar las condiciones laborales del sector público, que sufre una «pérdida de poder adquisitivo» que supera el 8% en los dos últimos años, y una temporalidad que «toca su techo histórico» al alcanzar el 44%. Por ello, reclaman un aumento salarial del 10% este año y reducir la temporalidad al 8%.
Antes de dar comienzo a la marcha prevista en Bilbao, el responsable de ELA de servicios públicos, Igor Eizagirre, ha indicado que el seguimiento ha sido «muy amplio» y, en algunos sectores, han «mejorado» los datos de la huelga del 19 de diciembre como en Educación con una incidencia «mayoritaria» que ha sido, entre los profesores, del 65%, en Haurreskolak del 75% y en Cocina y Limpieza por encima del 60%.
El representante de ELA ha añadido que en la administración general y en ayuntamientos la incidencia ha sido «superior a la anterior» y también en medios de comunicación, así como en los transportes colectivos no privatizados, donde el seguimiento ha sido muy amplio.
Según ha manifestado, el seguimiento de la huelga ha dejado claro que los dirigentes políticos «están muy lejos de los trabajadores del sector público y muy lejos de la ciudadanía». «Una vez más, hoy, los trabajadores del sector público han salido a la calle, han vaciado los centros de trabajo para defender lo de todos, para defender que lo público tiene que ser universal y de calidad», ha añadido.
En este sentido, Eizaguirre espera que la incidencia de la huelga haga «recapacitar» tanto al Gobierno vasco actual como al futuro, a los dirigentes de las diferentes instituciones y a los partidos políticos.
Tras criticar la falta de «voluntad negociadora» del Gobierno vasco, ha pedido a los partidos vascos que, de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, su voto sirva para «garantizar que los servicios públicos se decidan aquí».
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