La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto 14 años y ocho meses de prisión a Z.K., quien ya fue condenado a diez años de prisión por ayudar a huir a seis terroristas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, por intentar disparar contra un agente de la Guardia Civil y intentar encañonar a otro al tratar de escapar de una vivienda a la que había entrado para efectuar un robo.
La sentencia dictada el pasado 4 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena al acusado a ocho años y ocho meses de prisión por un delito de homicidio intentado, un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, todos ellos en concurso ideal, así como a cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y dos años más por un delito de tenencia ilícita de armas. También le impone tres meses de multa por un delito leve de lesiones.
El tribunal de la Sección Tercera de Almería presidido por el magistrado Luis Columna da por demostrado que el acusado, en compañía de un compinche condenado tres años, dos meses y siete días de prisión por el robo con violencia, acudió durante la madrugada del 24 de febrero de 2022 a una vivienda situada en el núcleo costero de Almerimar, en El Ejido, con el propósito de cometer un robo.
Los condenados habían seleccionado la vivienda y planificado el golpe previamente, puesto que para lograr su propósito utilizaron un dispositivo electrónico de inhibición canina a fin de evitar que los perros de guardia que poseía la propietaria de la casa pudieran actuar contra ellos.
Una vez tranquilizados los perros, ambos saltaron el muro perimetral de la vivienda ataviados con guantes y pasamontañas para evitar ser reconocidos, sentido en el que el fallo aplica la agravante de disfraz, que endurece la pena.
Del mismo modo, iban provistos de varias herramientas con las que fracturaron una puerta de la vivienda y pasaron al interior. Los procesados subieron al dormitorio de la víctima, quien fue apuntada por una pistola «cargada y apta para disparar» por Z.K., toda vez que le exigían «de forma violenta» el dinero y las joyas diciéndole en repetidas ocasiones que «en caso de no hacerlo la matarían».
Los acusados llegaron a sujetar a la mujer en un momento dado con una manta en la cabeza y en cuerpo, ocasionándole lesiones. Finalmente, tras registrar varias de las habitaciones, se hicieron con al menos con 80 euros en efectivo, varias piezas de joyería, las llaves de la casa y un teléfono móvil, si bien en un momento dado saltó la alarma.
En su huida, Z.K. saltó el muro perimetral de la vivienda mientras que era perseguido por un agente de la Guardia Civil, quien le dio el alto «de forma repetida» mientras se identificaba. Así, cuando el agente estaba a unos tres metros de él, Z.K. extrajo de la zona de la cadera la pistola e hizo que el agente se detuviera.
«El procesado apuntó al agente al pecho, adoptó una postura firme de disparo y accionó el gatillo de la pistola, con la intención de acabar con la vida del agente que le perseguía», recoge la resolución judicial en la que se especifica que el arma no se disparó, por lo que Z.K. la miró, volvió a apuntar al guardia civil y volvió a dispararle apuntado al pecho sin conseguir accionar el arma porque «no se dio cuenta de que el seguro estaba activado».
Ante tal situación, se volvió a dar a la fuga hasta que fue interceptado por un segundo agente, al que también trató de apuntar con la pistola si bien el guardia civil «logró superar la distancia que les separaba y ambos colisionaron».
De este modo, se inició un forcejeo tras el cual el procesado escapó «siendo reducido por los agentes en la carrera que tuvo lugar a continuación al cabo de pocos metros». Durante su huida, llegó a arrojar alguno de los efectos sustraídos así como el arma. Ambos agentes sufrieron lesiones de carácter leve a consecuencia de los hechos.
Por su parte, el segundo implicado, que se había ocultado en el interior de un arbusto tras saltar el muro perimetral de la casa, fue localizado por los agentes de la Guardia Civil y detenido, sin que llegara a oponer resistencia.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal impone a los acusados una orden de alejamiento por cinco años con respecto a la víctima, a la que deberán indemnizar con 3.400 euros por las lesiones y los daños morales sufridos.
Z.K. deberá, además, indemnizar a los agentes con 700 euros. Para él, la Sección Tercera estipula que una vez cumplidos dos tercios de la condena, o cuando le sea concedido el tercer grado penitenciario, el resto de la pena sea sustituido por diez años de expulsión del territorio nacional.
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