En el marco de la llamada operación 'Vagary', 37 personas han sido detenidas por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
Según las pesquisas, el entramado obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, sometiéndolas a un sistema de sanciones económicas muy riguroso, ante supuestos incumplimientos de las condiciones internas de los clubes, y forzándolas, además, a vender droga entre los clientes.
La Policía Nacional ha practicado siete registros en prostíbulos y domicilios de los principales investigados, en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga, interviniéndose 261.670 euros en efectivo, 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. También se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias y propiedades por valor de 2.500.000 euros.
La investigación policial, llevada a cabo por agentes adscritos a la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países, en situación de vulnerabilidad, al objeto de explotarlas laboral y sexualmente, en clubes de alterne situados en la comarca del Valle del Guadalhorce.
Según las diligencias practicadas, las víctimas, que residían en los propios prostíbulos, eran explotadas sexualmente en condiciones abusivas y estaban sujetas a una férrea disciplina dentro los mismos, teniendo que afrontar sanciones económicas ante supuestos incumplimientos de las medidas de régimen interno de los clubes, en muchos casos relacionados con horarios «incumplidos» o las citas con los clientes.
De igual modo, las perjudicadas eran rotadas entre los clubes de la organización para evitar, especialmente, situaciones de confianza entre las trabajadoras y de estas con los clientes habituales.
Fraude a la seguridad social
Los responsables de la organización utilizaban un complejo entramado societario a partir del cual defraudaban dinero a las arcas públicas, no pagando, en algunos casos, la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social, o, en otros, creando altas ficticias.
Así, las diferentes compañías bajo investigación habrían alcanzado una deuda con la Seguridad Social que rondaría el millón de euros. La operación finalizó con la detención de 37 personas por su presunta implicación en la trama, distinguiéndose entre las mismas desde encargados de tareas contables y gestión de los prostíbulos, hasta una amplia red de colaboradores y consortes.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
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