Según ha informado el Ministerio del Interior, la investigación se ha llevado a cabo por parte de la Comisaría de la Policía Nacional de San Sebastián, quienes han tenido conocimiento a través de Lanbide de que una persona, con nacionalidad argelina, portadora de una tarjeta de residencia de larga duración UE, estaba recibiendo prestaciones de organismos públicos españoles, pudiendo este individuo y su familia estar residiendo en Francia desde hacía varios años.
De la investigación y las actuaciones realizadas por la Brigada de Extranjería se pudo confirmar que, efectivamente, esta familia residía en Francia desde el año 2014, mientras en España, toda su unidad de convivencia, compuesta por el matrimonio mencionado y sus cinco hijos, estarían recibiendo prestaciones económicas.
Este matrimonio, para llegar a poder percibir las ayudas económicas, tuvo que solicitar las mismas mediante diversos formularios, estando sujetos durante todo el tiempo que durasen las prestaciones a lo estipulado en la normativa, tanto a los derechos como a las obligaciones que se establecen en cada caso.
Entre las obligaciones mencionadas se destaca que tanto el solicitante de la prestación como todos sus beneficiarios estarían sujetos a, entre otras cosas, notificar a la entidad emisora de la prestación y, en un máximo de 15 días, todos aquellos hechos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o incluso extinción de ese derecho, como puede ser el percibir otros ingresos monetarios, tener propiedades o comunicar cualquier cambio de domicilio, entre otros.
De las investigaciones realizadas se ha comprobado que ambos ciudadanos se encontraban recibiendo ayudas en España, iniciándose las mismas en el año 2008 hasta la actualidad, habiendo recibido en este tiempo hasta 177.912,13 euros en concepto de prestaciones y ayudas económicas.
Se ha podido acreditar que en los últimos años el padre ha estado trabajando en diferentes empresas de Francia, así como que también ha percibido diferentes ayudas económicas provenientes del Estado francés en concepto de ayudas para la educación de sus hijos.
Sin embargo, todos estos ingresos en ningún momento han sido declarados ni comunicados a los organismos públicos de España. Así mismo, en la actualidad los detenidos son titulares de tres vehículos, dos de ellos franceses y uno español, existiendo un cuarto vehículo que fue propiedad de los detenidos entre los años 2014 al 2016, propiedades todas ellas que tampoco fueron declaradas.
De la investigación realizada se ha podido estimar que el matrimonio argelino ha defraudado a la Hacienda Pública 140.281 euros. «La excelente colaboración entre la Policía Nacional, las autoridades policiales francesas y el Servicio Vasco de Empleo ha permitido llevar a cabo esta investigación y la detención del matrimonio por un delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social», ha concluido el Ministerio.
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