El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha aplaudido la reactivación de partidas presupuestarias por parte del Ejecutivo autonómico para desarrollar el plan de exhumaciones, con un incremento del 10 por ciento. Ha tildado este anuncio de «acto de trilerismo» con el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco.
En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Fernando Beltrán ha recordado que la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, sostiene en el punto número dos que quedan suprimidos «el censo de memoria democrática, las rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y rutas democráticas, y el centro de investigación de la memoria democrática».
Así, ha considerado «muy complicado» abordar un «problema tan complejo» como las exhumaciones en Aragón sin que exista un mapa, un registro, una comisión técnica o un banco de ADN para contrastar de quién son los restos.
«Está muy bien el anuncio», ha opinado, argumentando que significa que el Gobierno de Aragón destina dinero a esta cuestión, sin embargo, ha cuestionado si las exhumaciones podrán llevarse a cabo de forma adecuada sin el «armazón jurídico» necesario, después de haberse derogado la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
En esta línea, el delegado del Gobierno en Aragón ha apuntado que, a su juicio, desde el Ejecutivo autonómico han tratado de contentar a Nolasco con la derogación de la norma, mientras que, por otro lado, «en un acto de trilerismo» buscan recuperar todo lo que recogía esa ley. «Me parece una pirueta en estos momentos de acometer y ejecutar en estos momentos», ha apostillado.
"ruido innecesario"
Acerca de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, Beltrán ha señalado que se está haciendo «un ruido innecesario», porque, según ha rememorado, su aprobación en 2018 contó con enmiendas del Partido Popular. Es una norma cuyo contenido fundamental, ha precisado, insta a «trabajar en la normalización, la convivencia, el buen entendimiento, en pasar página de una manera constructiva con respecto a episodios pasados de la historia nacional y de lo que ocurrió en Aragón».
Ha enumerado como hilos fundamentales de la ley el derecho a conocer la verdad, a saber y el deber de recordarla, «sin hablar de bandos, de distinguir entre víctimas de una parte u otra, sino simplemente dignificar a todos aquellos que hay todavía en las cunetas o bajo la tapia de un cementerio enterrados».
Beltrán ha afirmado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, está «secuestrado ideológicamente» por su vicepresidente primero. «En su momento, se planteó que darle a Nolasco, a VOX, una consejería con rango de vicepresidencia, con poquitas competencias y poquito presupuesto para agarrar los votos que necesitaba para sacar adelante su mandato, le iba a permitir trabajar con tarnquilidad y comodidad durante la legislatura», ha planteado.
Sin embargo, ha continuado, Alejandro Nolasco «se ha convertido en un portavoz del Gobierno de Aragón en todo un conjunto de elementos que no hacen más que crispar la convivencia que tenemos en esta comunidad autónoma de una manera gratuita y absolutamente innecesaria, además de irresponsable, por más que se insista en que él habla a título de su partido».
Asociaciones memorialistas
También se ha referido a la rueda de prensa ofrecida este viernes por la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, en la que han indicado que se reunirán con las asociaciones memorialistas.
En este sentido, Beltrán ha añadido que el secretario de Estado de Memoria Democrática les explicará esta tarde, en un encuentro, la cobertura que el Estado está desplegando en Aragón y el resto de comunidades autónomas en las que se ha derogado la ley o se hará próximamente.
Ha subrayado que el Gobierno de España llevará la derogación de leyes de memoria democrática a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa porque «se traspasan los derechos humanos». Además, ha criticado que se desvíe el debate hacia la redacción jurídica de la norma, cuando lo preocupante es el contenido, «que se lleva por delante elementos tan serios como derechos fundamentales».
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