La Fiscalía pide para cada uno de los tres acusados 12 años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por dos delitos de homicidio imprudente apreciados en concurso ideal, según recoge el escrito provisional consultado por Europa Press.
Según sostiene la acusación, dos de los acusados se habrían encargado de la conducción de la embarcación y un tercero de la utilización de la brújula y el GPS a fin de hacer llegar la embarcación hasta las costas españolas «favoreciendo y facilitando con su indispensable actividad, y aún teniendo en cuenta lo arriesgado del viaje, la inmigración clandestina».
La patera partió sobre las 2,00 horas de la madrugada del 16 de abril del pasado año desde una playa de Orán con unas 20 personas en total, por lo que se sobrepasaba la capacidad de transporte de la embarcación ante sus reducidas dimensiones --unos seis metros de eslora--, toda vez que carecía de medidas de seguridad como bengalas, botiquín, chalecos salvavidas o balizas de señalamiento, entre otras.
El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron «con desprecio a las más elementales normas de previsión y cuidado» puesto que, además de carecer de medidas de seguridad, actuaron «a sabiendas» de que «las condiciones meteorológicas iban a empeorar», lo que ocurrió «a las pocas horas» de haberse iniciado el viaje.
Así, el «fuerte oleaje» hizo que entrara «abundante agua» en la embarcación y que dejara de funcionar el motor de 110 caballos con el que iba equipada. Esto provocó que los ocupantes de la patera estuvieran sin rumbo durante gran parte del recorrido, en el que además iban «sin ninguna iluminación en horas nocturnas» y «expuestos al tráfico en la zona», por la que pasan hasta 205 buques.
Las exposición a condiciones climatológicas «extremas» durante cerca de 40 horas, así como la falta de agua y comida, hizo que durante el trayecto fallecieran dos hombres cuyos cuerpos fueron lanzados al mar, según habrían ordenado los acusados al resto de los ocupantes de la patera, a quienes además habrían advertido que, «en caso de ser descubiertos por las autoridades, ocultaran lo que había ocurrido».
Los organizadores del viaje, que carecían de aparatos de comunicación, se proveyeron también de bidones de gasolina para alimentar el motor de la embarcación, lo que habría incrementado los riesgos del viaje tanto por el peligro de incendio como por el aumento del peso que transportaba la patera, «afectando a su estabilidad» y «poniendo así en riesgo la vida, la salud y la integridad de los inmigrantes».
No fue hasta cerca de las 17,00 horas del día siguiente cuando la Guardia Civil y Salvamento Marítimo localizaron la embarcación a unas 32 millas náuticas de la costa de Almería con los ocupantes que lograron sobrevivir, la mayoría procedentes de Marruecos y Senegal.
De este modo, la patera habría estado gobernada por los tres acusados, quienes «con pleno conocimiento de estar obrando contra lo establecido en la legislación española» y con la «intención de enriquecerse de forma ilícita», habrían colaborado con las mafias de tráfico ilegal de personas para llevar a los ocupantes a territorio europeo. El juicio, en la Sección Tercera, está previsto a partir de las 10,00 horas.
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