El Consell prepara un recurso al fallo del TSJ que exime a dos empresas de Francis Puig de devolver subvenciones

«Este Consell no deja de sorprenderse de ver los límites hasta los que podía llegar la inoperancia y la mala praxis de muchas acciones del Gobierno anterior. En este caso son 170.000 euros de todos los valencianos por unas subvenciones al socio del hermano de Ximo Puig que nunca se debieron de conceder», ha manifestado la consellera en un comunicado.

La portavoz del Consell se ha referido de este modo a las cuatro sentencias del TSJCV que eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, propiedad de los socios en el negocio audiovisual de Francis Puig, de reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros mencionados en concepto de subvenciones porque la Conselleria de Educación se los reclamó fuera de plazo.

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado los recursos interpuestos por Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas vinculadas a Francis Puig, por lo que no tendrán que devolver más de 170.000 euros en subvenciones concedidas al fomento del valenciano por el anterior Consell, y cuyo retorno había reclamado al detectar irregularidades. La sala considera que habían caducado los plazos administrativos para resolver esa devolución.

De esta forma, el alto tribunal, en cuatro resoluciones, estima los recursos presentados por ambas empresas de comunicación audivisual vinculadas al hermano del expresidente de la Generalitat y ex secretario general del PSPV, Ximo Puig, contra las resoluciones de la Conselleria de Educación que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones por un importe total superior a los 170.000 euros: 73.209, 17.372 y 55.260 euros en el caso de Canal Maestrat, y 24.976, en el de Kriol.

«Estas sentencias, que no entran a valorar el fondo del asunto, explican que la Conselleria encabezada entonces por Vicent Marzà pudo haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se le agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la devolución de las subvenciones», ha señalado el Consell.

Según Merino, eso «le hubiera permitido al anterior Consell abrir un nuevo expediente de reintegro al encontrarse dentro del plazo de cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones».

«Después de un año entero para reclamarlas, a la Conselleria de Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamarlas fuera de plazo en lugar de caducar el expediente e iniciar uno nuevo porque entonces había posibilidades», ha relatado Ruth Merino.

Y ha añadido: «No sabemos si fue por incompetencia, inoperancia o incluso por connivencia también de Compromís con los socios del hermano de Ximo Puig, pero llegamos a esta chapuza en toda regla que lo que supone es una especie de perdón a determinadas personas a costa de que paguemos ese dinero todos los valencianos», ha criticado la consellera de Hacienda.

Merino ha explicado que la Abogacía dispone de 30 días desde la notificación de las sentencias para dar «todos los pasos» y estudiar un posible recurso que permita «recuperar hasta el último céntimo de los valencianos».