Un total de 137 personas han solicitado la prestación de ayuda necesaria para morir en la comunidad autónoma en los dos primeros años de aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia, un periodo de tiempo en el que, además, un total de 1.341 facultativos «se han acogido a la posibilidad de la objeción de conciencia» que también contempla la legislación.
Son datos que ha ofrecido este martes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que ha tomado conocimiento del informe sobre la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia a lo largo del pasado año 2023 en Andalucía.
Dicho informe recoge que 24 personas, de un total de 56 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir en la comunidad autónoma el año pasado.
El informe, elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, detalla que 16 de las 56 solicitudes de la prestación no dieron lugar a la tramitación del expediente por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro), y por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos).
Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; una ha tenido una resolución favorable, pero ha pedido aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación, y las nueve restantes han recibido resoluciones desfavorables.
Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho en Cádiz, cuatro en Córdoba, dos en Granada, una en Huelva, otra en Jaén, 13 en Málaga y siete en Sevilla.
Enfermedades que motivan las solicitudes de ayuda a morir
Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que condujeron a solicitar la ayuda médica para morir son los procesos neurodegenerativos --en un total de 19 expedientes--, procesos pluripatológicos o crónicos complejos --diez expedientes-- y procesos oncológicos, que suman siete expedientes.
De forma mayoritaria --en concreto, en el 82,5% de los casos--, las solicitudes se inician en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar.
Tres de las personas que recibieron la prestación donaron sus órganos, con los que se pudieron salvar doce vidas gracias a la extracción de seis riñones, tres hígados, dos pulmones y un páncreas, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno.
En total, diez personas que habían recibido una resolución desfavorable reclamaron ante la comisión esta decisión. De estas reclamaciones, sólo una fue resuelta favorablemente, ocho desfavorablemente y una quedó pendiente de pronunciamiento a expensas de una nueva certificación del médico responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para la realización de la prestación.
Objeción de conciencia
Desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2023, un total de 1.341 profesionales sanitarios se han acogido a la objeción de conciencia, según ha informado también el consejero portavoz, que ha considerado que se trataba de «un número nada desdeñable».
Desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia, 137 personas han solicitado la prestación --81 en 2022 y 56 en 2023--, de las que 53 la recibieron --29 y 24, respectivamente--; se han tramitado 92 expedientes --52 y 40, respectivamente--, y no se inició la tramitación de 45 solicitudes (29 y 16).
Por provincias, en 2022 recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir dos personas en Almería, cuatro en Cádiz, cinco en Granada, tres en Huelva, dos en Jaén, diez en Málaga y tres en Sevilla.
Así, el acumulado por provincias es cinco en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, seis en Granada, cuatro en Huelva, dos en Jaén, 16 en Málaga y nueve en Sevilla.
Por tramos de edad, sólo se ha tramitado un expediente para una persona con menos de 30 años --en 2022--, siete de personas entre 30 y 39 años --tres en 2022 y cuatro en 2023--; nueve de personas entre 40 y 49 años --cinco en 2022 y cuatro en 2023--; 21 de personas entre 50 y 59 años --doce en 2022 y nueve en 2023--; 16 de personas entre 60 y 69 años --seis en 2022 y diez en 2023--; 28 de personas entre 70 y 79 años --18 en 2022 y diez en 2023-- y diez de mayores de 80 años; en concreto, siete en 2022 y tres en 2023.
Tras detallar estos datos, el consejero portavoz de la Junta ha defendido que «la objeción de conciencia es una posibilidad que obedece a la ética y la moral de cada uno, y ahí el Gobierno andaluz poco puede decir», si bien ha apostillado a renglón seguido que, «cuando nos referimos a la eutanasia, la posibilidad de optar a una muerte digna, estamos hablando de un derecho legal» y «reconocido».
En esa línea, Ramón Fernández-Pacheco ha declarado que, «más allá de cuál sea la opinión personal de cada uno», el actual Gobierno andaluz «defiende el cumplimiento y el disfrute de los derechos que los ciudadanos tienen», y desde el Ejecutivo regional «no se aplica ideología» al respecto, sino que «nada más» que se busca «intentar garantizar el cumplimiento de esos derechos», según ha zanjado.
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