El director gerente de la Agencia de Vivienda Social, Eusebio González Castilla, ha apuntado este viernes que este organismo ha incoado 652 expedientes por ocupación irregular de este tipo de inmuebles desde enero de 2023, de los que únicamente 94 correspondieron a viviendas «asaltadas».
Así lo ha indicado durante la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a preguntas del diputado del Grupo Parlamentario de Vox Javier Pérez Gallardo sobre las medidas del Gobierno para erradicar la ocupación ilegal en el parque público de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid.
El diputado de Vox ha apuntado a a 2.000 viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ocupadas en 2019, de las cuales el 50% estaban en proceso judicial. «Cuatro de cada diez viviendas ocupadas de la Comunidad de Madrid eran públicas en 2020. En 2023, con la ley de vivienda que nos ha traído la izquierda, pues tampoco mejoró la situación. Es más, yo creo que la ley actual solo empeora», ha apuntado.
Al respecto, el director gerente de la Agencia de Vivienda Social ha matizado que «la gran mayoría de las viviendas» que ocupadas corresponden a «situaciones de algún familiar que se ha quedado, que no tiene derecho, o alguna situación semejante». En este sentido, ha apuntado que desde enero del 2023 se han iniciado 652 expedientes por ocupación irregular y tan solo 94 han sido por viviendas asaltadas, «un 14% de ellas, es decir, un porcentaje muy bajo, lo que significa que las medidas actúan».
Respecto a la regularización, ha apuntado que se han regularizado 1.175 ocupaciones irregulares, con 3.500 solicitudes, es decir, «la gran mayoría han sido rechazadas porque no eran objeto de lo que se pretendía». «Se quería regularizar situaciones que no generaban problemas», ha apostillado.
En este sentido, el director gerente de la Agencia de Vivienda Social ha defendido el protocolo de seguridad establecido por este organismo para evitar ocupaciones, que ha sido avalado por la justicia recientemente. En concreto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fechada el 12 de febrero ha avalado el protocolo y «ha dictado una doctrina de cómo se deben hacer estos lanzamientos, que es precisamente lo que desde la agencia se lleva haciendo cuatro años».
Contrato de seguridad
Según ha detallado, se cuenta con un contrato de seguridad de una empresa que tiene en estos momentos 19 vigilantes y 10 vehículos que hacen patrullas a lo largo de todo su patrimonio para evitar que se puedan producir asaltos, además de contar con alarmas o cerramientos y puertas antivandálicas, además de un protocolo de actuación con las empresas suministradoras eléctricas.
Sobre este último, ha apuntado, «ha sido muy positivo» y durante 2023 ha permitido detectar hasta 572 conexiones ilegales, que han sido desmanteladas.
Igualmente, ha añadido, existe un contrato de defensa jurídica para lanzamientos y se cuenta con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los ayuntamientos.
«Hace falta un cambio en una normativa estatal, que la competente en esta materia. Tenemos que hacer que la ocupación desaparezca definitivamente y se defienda la propiedad privada con una ley, para que en 24 horas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desalojen a aquel que no tiene título suficiente para estar ocupando una vivienda», ha zanjado.
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