Estos datos han sido dados a conocer en el marco de la reunión que ha celebrado, por primera vez en Euskadi, la Condeferation of European Probation (CEP), formada por representantes de gobiernos y universidades, además de por otros agentes académicos y judiciales, a la que se incorporó el Gobierno vasco en 2024.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha dado la bienvenida a este grupo en un acto celebrado en el Archivo Histórico de Euskadi.
El objetivo de este organismo europeo es promover la inclusión social de las personas penadas mediante sanciones comunitarias. En este foro se intercambian buenas prácticas con la «preocupación común» de proteger a la sociedad sin recurrir al encarcelamiento, ya que su objetivo final es que la prisión «sea una alternativa y no la primera opción».
La CEP divide los ámbitos de trabajo según la tipología del delito a tratar. Para ello, sus miembros mantienen reuniones periódicas online y celebran un encuentro presencial anual en un territorio de la Confederación.
En concreto, Bilbao ha recibido como anfitriona al grupo de trabajo centrado en la violencia machista y se han reunido en la capital vizcaína una veintena de personas expertas en medidas alternativas a la prisión, en el que ha sido el primer encuentro del grupo de Violencia de Genero, tras la decisión de la CEP de fusionar dos equipos anteriores que trabajaban los delitos clasificados como violencia doméstica y delitos sexuales. También ha sido la presentación oficial de Euskadi como último miembro en unirse a la Confederación Europea.
El encuentro ha estado presidido por la secretaria general de la CEP, la croata Jana Spero, y ha contado con el profesor de la University West England Bristol, Kieran McCartan, como moderador. En él han participado representaciones de Irlanda, Dinamarca, Portugal, Letonia, Croacia, Malta, Macedonia del Norte y Cataluña. Además, se ha contado con Turquía y Reino Unido como los países invitados a exponer dos de sus programas de actuación.
La representación vasca ha corrido a cargo de Endika Biota, miembro del equipo del Servicio Vasco de Gestión de Penas, gestionado por IRSE Euskadi bajo la dirección del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. La jornada se cerrará con la definición del plan de trabajo 2024-2026.
Modelo penitenciario vasco
En su intervención, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en funciones, Nerea Melgosa, ha puesto en valor la reciente incorporación de Euskadi a la Confederación Europea.
«Somos el país asociado más reciente de la CEP y queremos aprender de las experiencias de nuestros colegas europeos y también aportar nuestro conocimiento», ha dicho.
Melgosa también ha destacado que la línea de trabajo de la CEP «encaja perfectamente» con el modelo penitenciario vasco impulsado por el Gobierno vasco desde que, en octubre de 2021, asumiera la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi.
«Compartimos con la CEP la inclusión social de las personas infractoras a través de sanciones comunitarias, la libertad vigilada, la mediación y la conciliación. Es uno de los objetivos que se marcan las bases de nuestro modelo penitenciario», ha expuesto.
Planes de intervención alternativos
En concreto, según los datos aportados, en 2023 se han desarrollado 977 planes de intervención alternativos a la prisión a un total de 964 personas con delitos por violencia de género, de los que 180 son en Álava, 468 en Bizkaia y 316 en Gipuzkoa.
Por edades, había 285 personas entre 41 y 50 años, 259 entre 31 y 40 años, 143 entre 51 y 60 años y otros 143 entre 18 y 30 años, entre otros. En 2023, se contabilizaron 1.149 delitos de violencia de género, de los que el 39,51% fueron maltrato (471), el 16,95% amenazas, el 9,82% coacciones (117), el 9,56% (quebrantamiento de condena), el 7,21% violencia de género habitual (86), el 6,54% lesiones (78), el 4,53% injurias (54) y el 2,27% torturas y otros delitos contra la integridad moral (27).
En relación a la situación de los expedientes relativos a violencia machista en 2023, estaban 381 en trámite -173 en gestión y 208 en cumplimiento-, y 596 finalizados, de los que 99 están archivados y 497 cumplidos.
En el caso del programa psicoeducativo Aldatuz, se han desarrollado el pasado año 192 sesiones grupales con 378 personas participantes y, en el programa terapéutico Gakoa, un total de 373 con 3.017 sesiones tanto individuales (2.923) como grupales (94).
Por su parte, Endika Biota ha explicado los programas específicos para casos de violencia machista que se trabajan en Euskadi, el psicoeducativo Aldatuz y terapéutico Gakoa.
Según ha detallado, cada uno tiene su marco jurídico, pero lo que ambos buscan es que «los hombres tomen contacto con su masculinidad tóxica y contribuyan a los cambios necesarios para evitarla», ya que, «al fin y al cabo, los destinatarios principales de estos programas son sus parejas y las parejas que tendrán en el futuro».
El representante vasco en la CEP ha señalado que se está «en un momento de cambio en el sistema jurídico en Euskal Herria». «Y estamos seguros de que la CEP va a tener un papel importante en este nuevo camino», ha añadido.
Por su parte, Jana Spero, secretaria general de la CEP ha reconocido que la Confederación es «la mayor y más antigua organización internacional» con profesionales del ámbito de la libertad condicional. «Para la Unión Europea y el Consejo de Europa, la CEP es la voz de la libertad condicional», ha dicho.
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