El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que con sendos planes especiales se implantará el uso de terciario hospedaje, concretamente apartamentos turísticos.
En el caso de los trece apartamentos turísticos de San Bernardo 41 el expediente ha llegado a Cibeles con dos alegaciones, ambas desestimadas, de Más Madrid y PSOE. En Princesa 22 y 24 se presentaron dos alegaciones, una de Más Madrid y otra de un particular, ambas desestimadas también. Actualmente es un edificio de oficinas en el que ahora se da luz verde a los apartamentos turísticos.
Todos los planes especiales «cuentan con los informes perceptivos y favorables de las distintas comisiones de patrimonio» porque son «viables, técnica y urbanísticamente, gracias a que encajan perfectamente con el Plan de Hospedaje del 2019, impulsado por Más Madrid y apoyado por el PSOE», ha señalado Carabante.
En Vox no se han opuesto a la implantación de usos terciarios de hospedaje siempre que las viviendas de uso turístico queden limitadas a un edificio exclusivo o de propietario único, es decir, se oponen a la implantación de pisos turísticos en inmuebles residenciales, con independencia de que tenga acceso directo desde la calle y en planta baja «ya que las molestias a los vecinos pueden producirse de igual manera».
Tampoco consideran la equiparación de una vivienda de uso turístico a la actividad de, por ejemplo, un bar, que necesita pasar por requisitos como un horario o insonorizar el local. El edil de Vox Ignacio Ansaldo considera que «la terciarización de los centros de las ciudades es una evolución toda vez que los inmuebles ejercen una actividad económica empresarial necesaria y demandada» pero siempre que «se garantice el respeto a los residentes, siempre y cuando sean de carácter exclusivo».
Vox ha votado en contra del expediente relativo al edificio completo de San Bernardo 41 porque, aunque se trata de un inmueble exclusivo, «el problema es que estos pisos han estado funcionando de forma ilegal durante mucho tiempo y en el PP están acostumbrándose a legalizar la ilegalidad porque su mayoría absoluta se lo permite».
También han votado en contra de Princesa 22 y 24, con independencia de que el edificio sea propiedad del Duque de Alba, como es el caso, «o de Pepito Pérez». «Nos da igual quién sea el promotor, el hijo de Aznar o el hijo de Pepito Pérez, porque no somos tan sectarios como la izquierda», han aseverado.
Su rechazo reside a que «huele mal» que los medios del Ayuntamiento de Madrid se pongan «para resolver los problemas particulares de un promotor o de un propietario utilizando la Agencia de Actividades, que ahí actúa en tiempo récord y retira las licencias de actividad a los inquilinos actuales para que abandonen los inmuebles».
FIRMES CON LAS VUT «PERO TRAEN TRES EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN»
Desde el PSOE Antonio Giraldo ha cuestionado que el Gobierno municipal pretenda «ponerse firme con los alojamientos turísticos y una batería de medidas pero a la semana siguiente traen tres expedientes para legalizar algunas viviendas turísticas».
Con respecto a San Bernardo 41, con el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta como propietario, ha señalado Giraldo, el Ayuntamiento sancionó con 100.000 euros las viviendas turísticas ilegales «pero ¿qué hace el ayuntamiento? Premiarles y legalizarles».
En Princesa 22-24 se añadieron expedientes de disciplina por «unas oficinas abiertas ilegalmente, que llevaban diez años y nadie se había dado cuenta». «Y lo que pretende aquí el Duque de Alba, gestionado por el hijo de la exalcaldesa Ana Botella y el expresidente José María Aznar es implantar unos apartamentos de uso turístico» después de que pasara un inspector «porque al promotor sí que le interesa echar a estas personas que tenían las oficinas ilegalmente para tramitar más rápido el cambio de uso».
«Hay un montón, miles de comunidades de vecinos que reclaman inspecciones porque tienen viviendas de uso turístico pero nunca pasa», ha condenado el edil, que ha cargado contra el «modelo turistificador» del Gobierno municipal.
GRAN VÍA, «GRAN HOTEL DE LUJO AL AIRE LIBRE»
Desde Más Madrid han preguntado al PP «cuántos apartamentos turísticos son necesarios todavía en la ciudad y en el distrito Centro, donde hay 11.000 viviendas de uso turístico», que hacen que la Gran Vía haya pasado de «centro neurálgico de cultura madrileña, llena de cines, teatros y librerías, a estar convertida en un gran hotel de lujo al aire libre».
Los expedientes aprobados corresponden a «edificios que son el ejemplo perfecto de lo falso que era aquello de que Almeida no iba a hacer nada por la vivienda en Madrid porque, al contrario, van a hacer todo lo que esté en su mano para favorecer a sus amigos y compañeros de negocio, que van a poner toda la maquinaria de este Ayuntamiento y el rodillo de su mayoría absoluta en este Pleno para ayudar a los Aznar, a los Fitz-James Stuart y a los Ayuso», ha criticado la edil Lucía Lois, que ha acusado al Gobierno municipal de hacer ante ellos «la vista gorda».
En San Bernardo 41 «han permitido el funcionamiento ilegal al presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta para que pudiera llenarse bien los bolsillos explotando trece apartamentos ilegales de los 25.000 pisos turísticos ilegales que a día de hoy funcionan porque a veces no hacer nada es la mejor manera de ayudar. Y ahí donde sí que se les necesite pues serán rápidos y diligentes, como en Princesa 22 y 24, donde los dueños necesitaban una ayudita para desahuciar a las empresas que tienen allí sus oficinas porque al Duque de Alba ahora le viene mejor económicamente».
«Es la misma Agencia de Actividades que en el 2023 sólo ejecutó 46 cierres en toda la ciudad. La misma Agencia de Actividades que durante 2023 no ha hecho ni un solo cese de actividades en pisos pero ha conseguido hacer estos tres ceses de actividades en tiempo récord. Al fin y al cabo, la misma Agencia de Actividades que ni inspecciona, ni multa, ni cierra los más de 25.000 pisos turísticos que tienen ustedes abiertos en esta ciudad», ha continuado la edil de Más Madrid.
«DESERTIZACIÓN DEL CENTRO POR LA LEY DE VIVIENDA»
Carabante, por su parte, ha defendido que lo que hacen con estos expedientes es «mejorar los servicios públicos a los madrileños para conciliar esa oferta turística con la necesidad de generación de nueva vivienda».
El delegado ha acusado a la izquierda de fomentar la «desertización del Centro con la Ley de Vivienda, que ha provocado en un año de vigencia que se incrementara el 56 por ciento de la oferta de vivienda temporal (turística) y se redujera un 15 la de alquiler».
También ha criticado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, porque en su etapa como ministra «hubo miles de aperturas de viviendas de turísticas en España y no hizo absolutamente nada».
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